La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó la desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y su incorporación a Diconsa, empresa paraestatal dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Segalmex estuvo en el centro de múltiples escándalos financieros durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador,

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece que Segalmex será absorbido por Diconsa para fortalecer el acceso a alimentos de calidad y mejorar la distribución agroalimentaria en sectores vulnerables del país.

El decreto señala que la desincorporación de Segalmex se llevará a cabo mediante un proceso de fusión con Diconsa, en cumplimiento con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales. Este proceso tendrá un plazo máximo de 24 meses, tiempo en el que Segalmex mantendrá su personalidad jurídica exclusivamente para gestionar la transición y resolver asuntos pendientes.

Diconsa asumirá todas las obligaciones que Segalmex, incluyendo litigios, procedimientos administrativos y compromisos financieros. La empresa paraestatal deberá mantener informada a la Secretaría de Agricultura sobre los avances en cada proceso legal hasta su resolución.

El decreto también establece que las secretarías de Agricultura, Hacienda y Anticorrupción deberán coordinarse para garantizar que la transición se realice conforme a la normativa.

Respecto al personal de Segalmex, se asegura que sus derechos laborales serán respetados y que Diconsa actuará como patrón sustituto. La Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex será responsable de transferir recursos humanos, materiales y financieros a la nueva entidad.

"Asimismo, Diconsa debe asumir las funciones, los derechos y las obligaciones contraídos por Segalmex y, en los casos que corresponda, celebrar los acuerdos o convenios necesarios para la referida fusión",

se señala en el decreto.

Segalmex fue creado en 2019 por López Obrador con el objetivo de mejorar la productividad agroalimentaria y garantizar la distribución de productos básicos a sectores marginados. Sin embargo, su gestión quedó marcada por diversas irregularidades financieras.

El desfalco detectado en el organismo asciende a más de 2,700 millones de pesos, lo que derivó en la presentación de 156 denuncias contra exfuncionarios y particulares. Desde 2022, jueces federales han emitido 56 órdenes de aprehensión relacionadas con estos hechos, pero únicamente 10 personas han sido encarceladas.