La Suprema Corte de Justicia desechó este miércoles la controversia constitucional que fue promovida por el gobierno de Chihuahua con la intención de impugnar el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP)

De manera unánime, la primera sala revocó el auto de admisión de la controversia, dictado el pasado 10 de agosto por el ministro Luis María Aguilar, al considerar que la demanda era notoriamente improcedente.

Al rechazarla, además quedará sin efectos la suspensión otorgada por el juez que impedía la distribución de los impresos en ese estado.

Recordando que eso había generado fuertes señalamientos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contra el ministro.

La sala consideró que la entidad no tiene alguna atribución qué defender en materia de elaboración, producción y distribución de libros de texto.

Por tratarse de una atribución exclusiva de la federación, de ahí la improcedencia de su demanda.

Tras descartar esta controversia, y eventualmente la que presentó el gobierno de Coahuila, la Corte ya no analizará si existieron violaciones legales en la elaboración de los nuevos libros.

Con excepción de que llegue a revisar el amparo que concedió una jueza federal a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Esta semana, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos, acudió personalmente a la Corte para cabildear este caso con los ministros.

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también litigo personalmente el asunto ante los integrantes de la Sala, indicaron fuentes judiciales.

La reclamación del gobierno contra la controversia de Coahuila también fue turnada al Ministro Arturo Zaldívar, quien presentó el proyecto hoy, por lo que en breve será resuelta en iguales términos que la de Chihuahua, aunque todavía no está en lista para sesión de la Sala.

El artículo 113 de la Ley General de Educación es el que reserva a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal la siguiente atribución:

"Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación".

Los estados sólo están facultados para distribuir los materiales que les envíe la SEP.

"El interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas"

Afirmó Aguilar en sus resoluciones en el mes de agosto,

Añadió que era necesario revisar si se habían seguido las reglas de la LGE para elaborar los planes y programas de estudios.

También ese mes la jueza Yadira Medina resolvió que la SE violó la LGE, pues los libros de texto para los seis grados de primaria fueron terminados e impresos entre enero y julio, mientras que los nuevos programas de estudio fueron publicados hasta el 15 de agosto.

Esta sentencia no surtirá efectos mientras no sea confirmada en segunda instancia, ya sea por un tribunal colegiado o por la Corte.

Con información de AP.