20 de Septiembre de 2018

México

Nuevo titular de la AIC tiene nexos con el caso Ayotzinapa

Cuando desaparecieron los 43 normalistas fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero.

Omar Hamid García Harfuch, nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal, podría tener que responder por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. (Foto cortesía de PF)
Omar Hamid García Harfuch, nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal, podría tener que responder por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. (Foto cortesía de PF)
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Gloria Leticia Díaz/Reportaje especial/Proceso
MÉXICO.- Hoy, Omar Hamid García Harfuch es uno de los jefes policiacos más importantes del país: es el sucesor de Tomás Zerón –acusado de adulterar pruebas en el caso Ayotzinapa– al frente de la Agencia de Investigación Criminal. Pero una libreta de Sidronio Casarrubias –presentado por la PGR como un líder de Guerreros Unidos– revela que desde hace años este presunto capo tenía anotado al funcionario como contacto. El caso se enturbia porque la libreta, que aporta datos sobre el ataque a los normalistas en Iguala, no fue incluida en las indagatorias del caso.

Nombrado sucesor de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Hamid García Harfuch tiene una historia vinculada a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por lo menos a quienes las autoridades han identificado como los presuntos responsables de la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una resolución judicial a favor de Sidronio Casarrubias Salgado –a quien la PGR ha presentado como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos, grupo criminal al que la oficialista “verdad histórica” achaca la desaparición de los jóvenes– advierte sobre el contacto que presuntamente tuvo el indiciado con el ahora director de la AIC, quien en 2014 fungía como coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero.

Sin que hasta el momento se conozca la resolución de la investigación abierta contra Zerón de Lucio por realizar diligencias que no fueron consignadas en el expediente de Ayotzinapa, García Harfuch, abogado egresado de la Universidad Continental, asumió su nuevo cargo tras una acelerada carrera en la Policía Federal.

García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección General de Seguridad y dirigente nacional del PRI, y de María Harfuch Hidalgo, cuyo nombre artístico es María Sorté.

Nieto de Marcelino García Barragán, García Harfuch llegó a Guerrero en diciembre de 2012, con 30 años y a cinco de haber entrado a la PF, institución en la que fue contratado con puesto de mando, como jefe del Departamento de Coordinación de Inteligencia, pese a que su empleo anterior fue en la iniciativa privada como gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel, S.A. de C.V., con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008.

Al anunciar el nombramiento de García como titular de la AIC, la PGR omitió mencionar un cable divulgado por Wikileaks, que asienta que en 2009 el gobierno de Estados Unidos solicitó investigar a García Harfuch, entonces suboficial de la Policía Federal en Morelos, junto con otros 11 agentes federales, por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares, y que en 2010 fue indagado antes de participar en un curso antipandillas en El Salvador.

La PGR también “olvidó” decir que, como inspector general en Guerrero, en septiembre de 2013 García utilizó una aeronave de la PF para rescatar a su madre luego de que el paso del huracán Manuel aislara Acapulco, donde se encontraba la actriz, según reportaron medios locales.

En relación con el caso Ayotzinapa, García Harfuch ha sido mencionado –por nombre o cargo– por personajes como el defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y el exfiscal de Guerrero Iñaki Blanco como uno de los representantes federales que formaban parte del Grupo de Coordinación Guerrero y que supieron de la operación de los cárteles y de su presunta colusión con autoridades municipales.

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