17 de Agosto de 2018

México

El abogado del yerno del ex Secretario de Marina y las armas del General

Sedena informó que una carabina por la que fue acusado de posesión ilegal en realidad es de colección y pertenece a Tomás Ángeles.

Una serie de documentos avalan la propiedad del general Tomás Ángeles Dauahare sobre las armas por las que fue inculpado el abogado Ortega Maya. (Milenio)
Una serie de documentos avalan la propiedad del general Tomás Ángeles Dauahare sobre las armas por las que fue inculpado el abogado Ortega Maya. (Milenio)
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Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a un juez federal que el arma de fuego que la Procuraduría General de la República (PGR) encontró en la casa del abogado José Gerardo Ortega Maya, y que presuntamente poseía de manera ilegal, es de colección y pertenece al general Tomás Ángeles Dauahare.

Ortega Maya denunció que el 3 mayo de 2012, elementos del Ejército lo sustrajeron de su domicilio, en la colonia Herradura del municipio de Huixquilucan, Estado de México; posteriormente, dijo, fue llevado a las instalaciones de la PGR, en la calle de López, colonia Centro, en el Distrito Federal, donde fue torturado por órdenes del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado.

Ortega Maya presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que manifestó que el martirio al que lo sometieron los militares comisionados en la PGR fue porque se negó a declarar contra Tomás Ángeles, ya que le pidieron involucrar al general con el narcotráfico.

Sin embargo, la Sedena rechazó haber participado en la detención del litigante y reiteró que ni una de sus unidades tuvo que ver con la captura del yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, ex secretario de Marina.

Delito leve

La pasada administración de la PGR acusó al abogado del delito de acopio y posesión de armas de fuego y cartuchos útiles, pero la juez Verónica Judith Sánchez, titular del juzgado décimo de distrito de procesos penales en el DF, determinó dejarlo en libertad bajo caución, tras el pago de 45 mil pesos.

Empero, los militares y agentes que participaban directamente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) también reportaron el hallazgo de una pistola calibre .38, en una camioneta; pero la juez determinó que el delito no era grave.

No obstante, horas más tarde, el personal de la PGR aseguró haber encontrado en otro vehículo del abogado un rifle AR-15, así como 17 cartuchos útiles, motivo por el cual aún enfrenta su juicio en prisión.

La juez declinó competencia para seguir conociendo el caso, por lo que éste pasó al juzgado tercero de distrito con residencia en Naucalpan.

El arma de colección y de la que se acusó la posesión ilegal al abogado pertenece al general Tomás Ángeles; de acuerdo al oficio S-III-1466 que entregó la Procuraduría General de Justicia Militar al juzgado mexiquense, se trata de una carabina 30-30.

Falta de exámenes

Después, la PGR responsabilizó a Ortega Maya —quien fue asesor de Francisco Saynez Mendoza, ex secretario de Marina— de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, grupo al que supuestamente entregaba información a cambio de dinero.

La imputación se vino abajo en agosto del presente año, ya que fue exonerado por la juez Verónica Judith, quien continuó analizando solo esa causa penal.

Actualmente, el litigante quien padece diversas enfermedades, permanece preso en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

Karina Ortega Maya, hermana de Gerardo, tenía prevista una reunión este miércoles con el titular de la Seido, Rodrigo Archundia Barrientos, a quien le solicitaría que la PGR se desista de continuar con el proceso penal.

En el juzgado existe una serie de documentos certificados que denotan presuntas irregularidades en agravio de José Gerardo, entre ellos, la falta de exámenes para comprobar la tortura.

También hay una averiguación previa abierta en el Estado de México, tras la denuncia interpuesta por la esposa del abogado el 4 de mayo de 2012, por el a

llanamiento perpetrado en su domicilio, por robo y destrozos en puertas, ventanas y muebles, entre otros.

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