Humberto Ríos Navarrete/MILENIO
MÉXICO, D.F.- Esa mañana de marzo, agentes policiacos recibieron una llamada telefónica, la cual reforzarían con una orden del fiscal en turno, luego de escuchar un mensaje que delataba a una mujer que pretendía meter mariguana a uno de los principales reclusorios del Distrito Federal, en cuyas cercanías, en un lapso de seis meses, han apresado a 13 presuntos culpables que se dedicaban a la distribución de drogas.

Esta no era la primera vez que detectaban el merodeo de sospechosos alrededor de un centro de reclusión; la diferencia es que ahora, desde hace seis meses, cuando surgió la Fiscalía Central de Investigación de Narcomenudeo, de la Procuraduría General de Justicia del DF, es más preciso el conteo de quienes pretenden introducir droga a cárceles.

A esas personas en el argot carcelario les llaman camiones. Sobre todo mujeres. Y aquel era un caso especial.

Les pagan de 500 a mil pesos por cada entrega, dice un ex convicto, en referencia a las también llamadas aguacateras, quienes traspasan la mercancía a reclusos, mismos que mantienen vínculos bien definidos en el exterior, de manera especial en los rumbos de Tepito, en Cuauhtémoc, una de las dos delegaciones con mayor incidencia de narcomenudistas.

La otra demarcación en la que han descubierto mucha venta al menudeo, según recuento oficial de la fiscalía, es Gustavo A. Madero, donde fue atrapada aquella mujer, quien, en el momento de su captura, soltó: “Jefe, la verdad es que traigo bronca en la vagina”.

Traía 800 gramos de hierba.

Sellados con cinta canela.

Demasiado grande.

***

Y son precisamente ellas, las mujeres, las más empleadas para transportar drogas en las cárceles. “Ya adentro las meten a las cabañas, donde descargan la mercancía y luego distribuida”, señala un ex presidiario.“Hacen chicharras de cinco a diez pesos”.

—¿Tan baratas?

—Como lo oye, jefe.

En horarios de visitas, los vendedores de drogas pregonan: “¡Sí hay, cuántas y de a cómo; ya está aquí el niño!”

—Pero siempre ha sido así.

El hombre sonríe.

—Sí —responde, socarrón—, siempre ha sido así, porque como dicen allá adentro: “a la banda dale su mota y sus chochos y la tendrás tranquila”.

—¿Y si no?

—Pos se alocan.

El problema para las mujeres que se dedican a esa actividad es que ellas son más vulnerables, pues además de que pueden ser descubiertas y procesadas, sus vidas corren peligro, esto debido a que el envoltorio que se introducen es más grande que un aguacate de tamaño regular y su larga estancia puede causar estragos en su organismo.

Hace cuatro años, por ejemplo, cuatro mujeres fueron descubiertas en el penal de Santa Martha Acatitla cuando pretendían introducir droga.

Los envoltorios de mariguana, envueltos en plástico, eran del tamaño de un mamey, es decir, más grande que un aguacate.

Una de ellas falleció.

***

Eran las 10:45 cuando los cuatro agentes de Investigación recibieron una llamada telefónica. Les detallaron un problema y dieron santo y seña. El contenido del mensaje recibido lo supieron sus jefes.

Y de inmediato se prepararon para cumplir, como ellos reportarían, una orden de la superioridad para abatir el narcomenudeo en las inmediaciones del Reclusorio Varonil Norte.

Entonces implementaron el “operativo dinámico”, llamado así en estos casos especiales, y en un auto color negro sin balizar se dirigieron a la esquina que forman las calles Jaime Nunó y Francisco Villa, colonia Cuautepec Barrio Bajo, delegación Gustavo A. Madero, y se estacionaron en la acera colindante al centro carcelario.

Tenían los pormenores descritos por personas que habían detallado sobre la presencia de mujeres que consideraban sospechosas en las cercanías del centro penitenciario. Una de ellas, que vestía blusa negra con azul y pantalón de mezclilla, morena, nariz chata y boca grande, había descendido de un taxi y aguardaba en la acera de enfrente.

El perfil descrito coincidía con la mujer que tenían a la vista, por lo que salieron de la patrulla y observaron que la presunta culpable cruzaba la calle Jaime Nunó en dirección a la acerca del reclusorio. Le atajaron el paso de manera discreta, al mismo tiempo que se identificaban como agentes de la Policía de Investigación del DF.

Le dijeron que tenían indicios suficientes para sospechar que traía droga. La mujer, desesperada, aceptó sin titubear: “Jefe, la verdad es que traigo bronca en la vagina”.

La presunta culpable, de 34 años, relató que en la cavidad vaginal portaba 800 gramos de mariguana, misma que había adquirido por mil pesos en el barrio de Tepito, y que tenía la intención de vendérsela a un recluso en mil 700 del águila. Y que solo era cuestión de traspasar los filtros.

Se sintió mal.

Y ofreció extraer la droga.

—¿Cómo?

—En el carro…

Los agentes permitieron que entrara en el asiento posterior y ellos, describe el reporte, colocaron sus espaldas sobre la portezuela de la patrulla, siempre “respetando su intimidad, su integridad física y sus derechos fundamentales establecidos en nuestra carta magna”. Después de cinco minutos, más o menos, ella tocó la ventana.

En sus manos sostenía el fardo, cubierto con cinta adhesiva, conocida como “cinta canela”, más gruesa que la común, y ofreció la evidencia que la convertiría como presunta culpable por “el delito contra la salud”. Ella misma corroboró que el manojo era de mariguana.

Un agente abrió una bolsa de plástico y colocó el envoltorio, ovalado y largo, “a efecto de evitar su alteración y contenido”, e informó a la mujer de los beneficios que la ley le otorga y le dijo que sería trasladada a la Fiscalía de Investigación de Narcomenudeo.

Ella preguntó sobre la posibilidad de avisar de su situación a un familiar. El comandante se comunicó por teléfono con una de sus hermanas y explicó a ésta que el motivo de su llamada era para informarle de la puesta a disposición de su pariente ante la autoridad.

La “probable responsable” formaba parte de las 438 personas detenidas —entre las que hay una familia de cuatro integrantes—, de las cuales 297 han sido consignadas, producto de 231 averiguaciones previas, según informe de la Fiscalía.

En un lapso de seis meses, agrega el informe, se han realizado, asimismo, 43 cateos y “asegurado” 35 inmuebles, cuya situación se analiza para determinar si aplican la figura jurídica de extinción de dominio.