El Tribunal Electoral confirmó la obligación de los partidos de entregar el 50 por ciento de su financiamiento para campañas a mujeres, además de incluirlas en la mitad de sus spots partidistas.

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior respaldaron al INE para elevar ambas prerrogativas del 40 al 50 por ciento.

Las magistradas Janine Otálora y Mónica Soto advirtieron que no puede haber paridad en los cargos de elección, si las candidatas no tienen dinero y tiempos en radio y televisión para su proselitismo.

"De no hacerlo de esta forma, caeríamos finalmente en una falacia en cuanto a la paridad. Una distribución paritaria del financiamiento público y del acceso al tiempo en radio y televisión es una medida tendente a un logro de la igualdad", dijo Otálora.

Soto recordó que la Ley General de Partidos Políticos regula el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos, pero únicamente se les destina el 3 por ciento anual para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

"La violencia económica es, justamente, uno de los mayores obstáculos que tienen las mujeres, en el ejercicio de sus derechos políticos, de acceder a cargos, de permanecer en ellos y pues, de fortalecer sus liderazgos”.

"Es decir, no es la excepción este caso ni este tema, en donde los dineros en la política, en las campañas y en procesos electorales están concentrados en las manos masculinas", apuntó.

Revocan acciones afirmativas

La Sala Superior revocó la distribución que hizo el INE para obligar a los partidos a entregar candidaturas a diputaciones federales y senadurías a "grupos en desventaja" en la elección del 2024.

Para los magistrados, el Instituto Nacional Electoral no garantizó en sus lineamientos los principios de progresividad y no regresión de los Derechos Humanos, pues en comparación con el 2021 ahora disminuyó las candidaturas para indígenas, personas afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes y con discapacidad. Además de que se le agregó el grupo "pobreza".

Tanto en el 2021 como en el 2024, el INE propone 50 fórmulas para candidaturas a Diputados para estos grupos, pero en algunos casos les da libertad de decidir cuántas por sector. Esto provocó 104 demandas para impugnar el acuerdo del INE.

Por ejemplo, los magistrados afirman que se equivoca el INE al reducir de 21 a 18 fórmulas de mayoría para indígenas y de seis a tres a personas con discapacidad.

"Se ordena al INE emitir un nuevo acuerdo en el que retome las medidas implementadas en el proceso electoral (2021) y, atendiendo a la densidad de la población indígena defina los distritos en los que se reservarían para las personas pertenecientes a comunidades indígenas", indica la sentencia.

Por primera vez, en la elección al Senado, los partidos también deberán entregar nueve fórmulas a dichos sectores.

"Esta permisión, además de no establecer un número determinado de postulaciones para cada uno de los cinco grupos en situación de vulnerabilidad, desde nuestra perspectiva, puede propiciar que se favorezca a un grupo sobre otro", advirtieron el 8 de septiembre las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala en su voto particular.