Angélica Mercado, Omar Brito, Fernando Damián e Israel Navarro/Milenio
MÉXICO, D.F.- El Senado se fue de vacaciones sin aprobar las leyes secundarias de las reformas político-electoral y de competencia, una vez que el PAN desconoció los acuerdos pactados con las demás bancadas y pidió tiempo para analizar el contenido de los dictámenes, mientras que el PRD reventó el quórum de la sesión al no estar de acuerdo en incrementar las penas a secuestradores, por considerarla una medida “electorera” de PRI y PVEM.

En el contexto de la negociación de la reforma electoral, el PRD acusó que el proceso interno en el PAN ha permeado en las decisiones de los diputados blanquiazules y ello impide tener interlocutores firmes, mientras que el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, reclamó a su homólogo albiazul, Jorge Luis Preciado, que los panistas no cumplan sus compromisos.

Aunque el PRI impulsó que antes de las vacaciones de Semana Santa el Senado dejara votadas las reformas de competencia y político-electoral, la indefinición en el PAN provocó que inclusive se cancelara la posibilidad de instalar mesas de trabajo con los titulares de las secretarías de Economía, Energía y Comunicaciones y Transportes para avanzar en las discusiones pendientes, como se anunció la víspera.

La tarde del pasado miércoles, el PAN se levantó de la mesa de negociaciones de la reforma de competencia, donde había presentado objeciones en media docena de puntos.

Mientras que senadores relataron ayer que en su sesión plenaria, la bancada desconoció los acuerdos negociados por el sonorense Héctor Larios en materia político-electoral y reclamaron al coordinador Preciado comprometer una votación cuando ni siquiera se conocían los borradores e hicieron notar que al interior del grupo se había negado que existiera un dictamen.

Más tarde, al acudir a la sesión de instalación de la mesa político-electoral, en la que estuvo presente el subsecretario de Gobernación de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, Preciado y los senadores Javier Lozano y Roberto Gil comunicaron a los demás grupos que no votarían el borrador.

Senadores presentes en el encuentro dijeron que Gamboa cuestionó a Preciado: “Registro que no cumpla la palabra”, tras lo cual, llamó a avanzar en acuerdos.

Más tarde, en el pleno, Gamboa consultó con Barbosa y Preciado si había condiciones para trabajar en la Semana Santa, lo que el colimense rechazó, aunque el poblano ofreció que la izquierda no tenía problema en ello.

Afectaciones por recambios en el PAN

En entrevista, Barbosa reconoció que el proceso interno en el PAN está afectando los trabajos legislativos y confió en que temas como telecomunicaciones y energía se vayan a un periodo ordinario, al alertar que en el tema político-electoral sí urge una definición porque la ley marca que los cambios deben quedar aprobados antes del 30 de abril.

A su vez, el panista Javier Lozano explicó la decisión de su bancada, al señalar que Acción Nacional no avaló la negociación que hicieron sus interlocutores porque “no estábamos enterados ni de la representación que se tenía ni de los términos de esa negociación”.

En su opinión, sí hay tiempo para analizar el contenido de los borradores de manera responsable, aunque en el tema de telecomunicaciones confirmó que él habrá de presentar su dictamen hacia el 21 de abril, aun cuando el PAN ha decidido que sin reforma político-electoral no pasará a la discusión de otros temas.

Lozano desconoció los acuerdos pactados por Larios, al señalar que el sonorense no les informó de cómo iban las negociaciones “y apenas ayer nos platicaba muy amablemente, pero nosotros definimos otra representación encabezada por Roberto Gil, Raúl Gracia, Sonia Mendoza, Juan Carlos Romero Hicks y el propio Larios”.

Regresan hasta el día 21

Anoche, el pleno votaba otras reformas ya aprobadas en comisiones, pero el PRD reventó el quórum cuando se discutía el aumento en las penalidades al secuestro y se tuvo que suspender la sesión, por lo que se citó a los senadores hasta el lunes 21 de abril.

Después de una larga jornada y de la visita oficial del presidente de Francia, Francois Hollande, los perredistas se enfrascaron en una discusión con los senadores del PRI y del Verde Ecologista, cuando los últimos intentaban votar un dictamen que elevaba las penas a los secuestradores de 70 años a 140.

El PRD argumentó en contra de la propuesta, pues en voz de los senadores Angélica de la Peña, Armando Ríos Piter y el coordinador Miguel Barbosa, acusaron que es violatoria de derechos humanos y acusaron que era una reforma con matices electorales.

Al llegar la votación, los perredistas recurrieron a la estrategia de la verificación de quórum y solamente había 53 legisladores de los 65 que se requieren cuando menos para lograr el quórum del pleno.

Amago de PRD por 'afrenta constitucional'

La fracción del PRD en la Cámara de Diputados anticipó su rechazo a la aprobación “al vapor” de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y amagó con promover una acción de inconstitucionalidad, en caso de que una mayoría en el Congreso avale en sus términos las iniciativas presidenciales.

Por conducto de su coordinador, Silvano Aureoles, y la diputada Purificación Carpinteyro, la bancada perredista insistió en que el proyecto presentado por el gobierno federal es contrario a la reforma constitucional y socava derechos fundamentales de los mexicanos, por lo que hizo un llamado a revisar con cuidado esas disposiciones en un periodo extraordinario de sesiones.

“Vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, pues inclusive concede la prerrogativa de que, con total arbitrariedad y discrecionalidad, la Secretaría de Gobernación pueda apagar las redes de comunicaciones, incluyendo teléfonos celulares e internet, y bloquear todas las señalas, en aras supuestamente de la seguridad pública, sin poner qué criterios”, alertó Carpinteyro.

Calificó las iniciativas del Ejecutivo de una “afrenta constitucional”, así como un agravio al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, al arrebatarle facultades para dárselas a la Secretaría de Gobernación.

Los perredistas acordaron así remitir sus observaciones ayer mismo al Senado, con la demanda de incorporarlas a las mesas de trabajo que en los próximos días discutirán las iniciativas y perfilarán los dictámenes en la materia.