19 de Septiembre de 2018

Exfuncionarios de Granier hasta el asfalto robaban

Las averiguaciones previas abiertas ponen en la mira a siete excolaboradores del exgobernador de Tabasco

Desde 2007 hay una investigación abierta contra el exdirector de Protección Civil. (pgjtabasco.gob.mx)
Desde 2007 hay una investigación abierta contra el exdirector de Protección Civil. (pgjtabasco.gob.mx)
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Agencias
VILLAHERMOSA, Tabasco.- Las averiguaciones previas abiertas por la Procuraduría General de Justicia de Tabasco (PGJ) por el saqueo al presupuesto público pusieron en la mira a siete exfuncionarios de la administración de Andrés Granier Melo.

Robo de cuentas públicas, fiador de contratos simulados, robo de asfalto, sistema informático infuncional, emisión de cheques sin fondos, venta ilegal de asfalto y enriquecimiento ilícito, son algunos de los delitos que persigue la Procuraduría en dichas investigaciones, que según publicó Tabasco Hoy con información de la Dirección de Investigaciones de la dependencia, están todas relacionadas.

A continuación, las averiguaciones abiertas por el cuantioso desfalco al erario tabasqueño:

Robo de cuentas públicas

Averiguación DGI-035/2013, de la cual ya se ejerció acción penal el 20 de marzo en contra de Leoncio Lorenzo Gómez, exdirector de Contabilidad gubernamental, quien se encuentra recluido en el CRESET como presunto responsable de la pérdida de parte de los archivos del ejercicio presupuestal del sexenio de Andrés Granier, según cita Excélsior.

Aseguran que la casa del exsecretario de Obras Públicas, está edificada con cantera y mármol italiano

La detención de este exfuncionario se derivó de la denuncia penal por robo de una camioneta en la que presuntamente fueron trasladados los archivos de la Secretaría de Finanzas, en Paseo de la Sierra, a otro de sus inmuebles conocido como Base IV en avenida Ruiz Cortines, el 23 de agosto del 2012.

Simulación de contratos

Averiguación DGI-036/2013, relativa al delito de Fiador de contrato, figura que se utiliza principalmente en el arrendamiento de inmuebles, ya que  se habría simulado la contratación de una afianzadora que dio el aval en el arrendamiento de inmuebles o vehículos. Asimismo, podrían haber simulado la contratación de fianzas millonarias que avalaran el otorgamiento de alguna obra pública.

Se asegura que los personajes involucrados sólo mostraban documentos de membrete de presuntas afianzadoras para adjudicarse las obras directas, sin que se depositara ningún peso en las arcas de Finanzas, pero sí cobrar los contratos.

En esta transacción ilícita, según refiere el matutino,  se encuentra involucrado el exsecretario  de Obras Públicas de Andrés Granier, Héctor López Peralta, quien desde el sexenio anterior ha sido señalado como uno de los que ostentaban una riqueza ilícita. Se asegura que su residencia esta edificada a base de cantera y mármol de Carrara, traído en barco desde Italia exclusivamente para su residencia, que según testigos cuenta con elevador.

En esta averiguación estarían también inmiscuidos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

Robo de asfalto

Averiguación DGI-037/2013, en donde estarían directamente señalados ocho exfuncionarios, tres de la Junta Estatal de Camino (JEC) y cinco de Obras Públicas (SAOP), en ambos casos incluidos sus entonces cabezas, José Francisco Vega Celorio y López Peralta, respectivamente.

Aquí presuntamente hurtaron el asfalto C-20 donado por Pemex del 2007 al 2011, que se almacenaba en la Planta de Emulsiones Asfálticas en Estación Chontalpa, al que le sacaron ganancias de hasta por 500 millones de pesos.

Averiguación DGI-040/2013, relacionada con la anterior por la venta del asfalto, pues presuntamente en SAOP y la JEC se obligaba a las constructoras que ganaban contratos camineros a comprarles el material, mismo que era sustraído de la planta de emulsiones, indica Tabasco Hoy en la edición de este lunes.

Delito informático

Averiguación DGI-038/2013, por el delito entrega de Sistema informático infuncional, donde presuntamente se cometió un fraude que alcanza los 30 millones de pesos. El proveedor resultó ser la empresa con domicilio fiscal en Tabasco denominada Procesos y Sistemas Empresariales, S.A. de C.V.

En la averiguación previa, se tiene como probable responsable además al ex director de Modernización e Innovación Gubernamental, René Alejandro Basurto Quijada, quien resulta ser también socio del CITI Tabasco por haber operado anteriormente una empresa de sistemas computacionales.

Cheque sin fondo

Averiguación DGI- 039/2013 es por el delito de Emisión de cheque sin fondo, donde está directamente involucrada Cliseria Rodríguez Alvarado, exdirectora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

La exfuncionaria es acusada de haber liberado un cheque sin fondos por 25 millones de pesos a favor de la CFE, pero el 27 de diciembre de 2012, un banco devolvió el documento crediticio y se le condenó a pagar 5 millones 15 mil 732 pesos por rebote.

Revelan que Cliseria Rodríguez logró el 6 de marzo un amparo con número 568/2013 para continuar su defensa en libertad en el juzgado IV de Distrito con sede en Villahermosa.

A la exfuncionaria también se le investiga posible peculado, al asignar contratos de obra pública y adquisiciones de equipos a contratistas que resultaron ser sus familiares.

Enriquecimiento ilícito

Averiguación DGI-041/2013, es la querella madre, donde además de José Saiz Pineda, exsecretario de Finanzas, encarcelado en el Creset, estarían involucrados el exgobernador Andrés Granier, exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas y el extitular del Instituto de Educación para Adultos (IEAT), Gerardo Antonio Bravata Pintado, a quien se le detectaron pagos indebidos y quien ya se amparó en el juzgado II de Distrito.

Bravata Pintado, un amigo muy cercano de Granier, fue acusado de retener los salarios de los últimos seis meses de 2012 a más de dos mil asesores educativos, titulares y aplicadores, pese a que los recursos estaban etiquetados.

Roberto Antonio López Romero, exdirector de Protección Civil, también está demandado por uso ilegítimo de recursos del orden federal durante las inundaciones del 2007.

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