Agencias
MÉXICO, D.F.- La pesadilla que representa estar en prisión no solo afecta al reo mismo, sino también a su familia, pero en México en el caso de los reclusos esa carga que empobrece y aniquila moral y físicamente, según un estudio reciente, es compartida sobre todo por las mujeres.

De acuerdo con el sitio web ansa.it, a esta conclusión llega el estudio "Mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión", realizado en 2014 por Catalina Pérez Correa, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"El encarcelamiento implica una pérdida financiera para las familias" que "no solo pierden el ingreso de la persona encarcelada sino que tienen que mantener a la persona en prisión y frecuentemente a sus hijos", señala el informe.

Basada en mil 213 encuestas aplicadas entre el 22 de mayo y el 21 de junio de 2014, en siete prisiones de la capital y cinco del Estado de México, la investigación refiere que además sobre todo las mujeres (madres, esposas, hermanas) realizan una fuerte erogación en gastos legales.

El pago de abogados y los costos del juicio, en efecto, representan el costo más gravoso que puede significar una verdadera "ruina económica" para las víctimas y sus familias, la mayoría pobres, y llega a representar hasta los 100 mil pesos (unos seis mil 500 dólares).

"Tomando en cuenta el contexto económico de las familias, estos montos significan un detrimento directo al bienestar de la familia que resulta en la pérdida de la vivienda, de los vehículos y del endeudamiento familiar", afirma. Una situación, que por supuesto, es afrontada sobre todo por mujeres, de acuerdo con el relevamiento.

Otros efectos de este suplicio no se miden con dinero pero son igualmente severos, como "el aislamiento de sus comunidades y familias extendidas y una vulneración directa a la salud de la familia" lo que se traduce en "menores oportunidades sociales".

Según arroja el estudio, las familias de los reos provienen sobre todo de contextos sociales desaventajados y "se trata principalmente de mujeres con hijos" que llegan" que van a las prisiones a visitar a sus parejas o hijos.

 La inmensa mayoría (54.8 por ciento) son madres pero también es importante la proporción de esposas o parejas (17 por ciento) a quienes empleados y guardias carcelarios extorsionan cobrándoles por todo tipo de cosas, desde el permiso para ingresar zapatos, ropa, medicina o alimentos hasta por no llevar el uniforme reglamentario color beige.

Apenas ingresa un reo a prisión, los familiares reciben una llamada de sus compañeros de celda pidiéndoles cinco mil pesos (unos 350 dólares) como "cuota" para no golpearlos.

"La comida que les dan a los internos está en mal estado; mi familia gasta en alimentos y en cosas que necesita mi hijo, cosas que el Estado les debe proporcionar", dijo una mujer con un hijo sentenciado a 30 años, citada en el informe.

Otra madre señaló que su hijo, condenado a siete años por robo, "se enfermó una vez pero como no le daban medicina, le metí pastillas entre la comida".

"Resulta difícil suponer que esta maquinaria infernal incluye como únicos socios a quienes administran la parte baja de la pirámide penitenciaria. Un negocio tan inmenso solo es concebible con la participación de los mandos medios y probablemente los más altos del gobierno", afirma el analista Ricardo Raphael, al comentar este estudio.

La encuesta, aplicada durante las largas filas de madrugada el día de visita a los reclusorios, señala que para el 41.5 por ciento de las mujeres interrogadas el martirio de tener un hermano, hijo o esposo provocó que perdiera su empleo, el 51.6 por ciento dejó de frecuentar amigos y el 40.6 por ciento dejó de reunirse con sus vecinos.

Casi el 30 por ciento no pudo ya llevar a sus hijos o nietos a la escuela y casi el 40 por ciento no pudo cuidar a estos niños.

Correa señala que "los datos sugieren que el encarcelamiento de un familiar produce problemas de salud, mudanzas y dificultades en la crianza de los hijos" que han sido analizados en Estados Unidos desde 2005, y vinculan el encarcelamiento del padre o la madre con el aumento de la deserción escolar