Rubén Mosso/MILENIO
MÉXICO, D.F.- Los militares que estaban a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), fueron acusados de torturar y amenazar de muerte a quienes no declaraban contra el general Tomás Ángeles Dauahare.

Lo anterior es parte del testimonio del abogado José Gerardo Ortega Maya, yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, ex secretario de Marina, quien se negó a declarar contra el general y responsabilizó al teniente coronel Avigaí (sic) Vargas Tirado de ordenar su tortura. Actualmente se encuentra preso.

Documentos ministeriales y judiciales revelan que cuando Ángeles Dauahare se encontraba arraigado, el general presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que señaló que el litigante estaba siendo torturado para que declarara en su contra.

En el sexenio pasado, Ortega Maya fue asesor de Francisco Saynez Mendoza, entonces secretario de Marina. Con Ángeles Dauahare solo tenía un lazo de amistad, porque nunca trabajaron juntos.

El abogado solicitó la intervención del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, para recuperar su libertad. Argumentó que se usaron testimonios falsos de testigos protegidos identificados como Libre y X para incriminarlo.

Ayer cumplió un año de estar internado en el penal de máxima seguridad del Noreste, en Matamoros, Tamaulipas.

A través de su defensa, Ortega Maya explicó a Milenio que el 30 de marzo de 2012, durante el velorio de Jorge Carpizo McGregor, ex rector de UNAM y ex titular de la PGR, la entonces procuradora Marisela Morales se le acercó para ofrecerle trabajo.

El puesto que le prometió fue el de director general de Despliegue Regional, motivo por el cual lo canalizó con el abogado Manuel Arroyo Hernández, quien se presentó como amigo de la funcionaria y “mano derecha” del teniente coronel Avigaí Vargas.

Arroyo Hernández fue detenido cinco meses después por una pesquisa que encabezó Cuitláhuac Salinas, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

La captura la anunció el 17 de octubre de 2012 el propio Cuitláhuac Salinas. Dijo que formaba parte de una red de informantes del Cártel Sinaloa que trabajaba en la SEIDO.

De acuerdo con la causa penal 31/2012, que se inició en un juzgado de Naucalpan, Estado de México, Ortega Maya se entrevistó en varias ocasiones con Avigaí Vargas para hablar sobre su plaza.

El abogado presentó los exámenes de control de confianza y ofreció información sobre su vida personal, trayectoria y situación patrimonial; sin embargo, después le informaron que no había aprobado.

Si bien no fue contratado, el 3 de mayo de 2012, alrededor de las 23:30, el litigante fue detenido en su domicilio de Huixquilucan, Estado de México, por personal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud.

“Tú firmas la declaración contra el general y te vas; el pleito no es contigo”, le dijeron a Ortega Amaya

Lo trasladaron a las oficinas de la PGR, en la calle de López 14, colonia Centro, donde fue torturado.

Estas agresiones, abundó, estuvieron a cargo de autoridades militares “dirigidas por Avigaí Vargas”, quien fue ascendido a teniente coronel en los últimos días del sexenio de Felipe Calderón.

El denunciante –quien ahora solicita apoyo de Jesús Murillo Karam– puntualizó que sus captores buscaban obtener una declaración contra el general Ángeles Dauahare para acusarlo de vínculos con el narcotráfico, además de que le sembraron un arma y cartuchos.

Los militares le dijeron que era pieza clave para lograr la captura del ex subsecretario de la Defensa Nacional.

“Tu firmas la declaración contra el general (Ángeles) Dauahare y te vas; el pleito no es contigo”, aseguró uno de los militares, según su testimonio.

Otro gritó: “Ya te llevó la chingada, porque esto es orden de (Guillermo) Galván Galván (entonces secretario de la Defensa Nacional) para chingar a Ángeles Dauahare… acepta que estás con El Chapo y con otros”.

Gerardo Ortega dijo estar seguro que lo iban a matar, pero sus captores recibieron una contraorden por radio. Fue cuando escuchó “la voz” de Avigaí Vargas para que lo mantuvieran con vida.

Su defensa tramitó una queja en la CNDH, que quedó radicada con el número 44767. Ese caso lo mencionó Ángeles Dauahare cuando presentó su queja ante el mismo organismo (número 48461) el 17 de mayo de 2012, cuando estaba arraigado.

La SEIDO buscó imputarle Ortega Maya el delito de delincuencia organizada, pero la juez del Estado de México solo dictó auto de formal prisión por la posesión del arma de fuego y los cartuchos. Fue llevado a la prisión de Matamoros.

PRI y PRD piden investigar caso del General

En este contexto, senadores de PRI y PRD pidieron que se investigue la denuncia de que militares a cargo de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud, de la PGR, armaron la trama para detener al general Tomás Ángeles Dauahare.

Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la SEIDO, hizo estas declaraciones el martes en el programa televisivo Primero Noticias. Los legisladores de PRI y PRD exigieron sanciones para los responsables, mientras el PAN desestimó los dichos del ex funcionario.

El presidente de la Comisión de Seguridad, el priista Omar Fayad, confió en que se abran diversas líneas investigación y se castigue a los responsables. “Ya estamos viendo demasiadas cosas en la procuraduría”, dijo.

El encargado de esa unidad de la PGR al momento de la captura de Ángeles Dauahare era el mayor Gerardo Salazar Bolaños, quien tenía como subordinados a más militares. El general quedó libre el pasado 17 de abril, porque las acusaciones en su contra no tuvieron peso probatorio.

El panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, rechazó las declaraciones del ex funcionario y confió en que “no esté buscando chamba” en el gobierno actual.

Exfiscal pide amparo

Por otro lado, Cuitláhuac Salinas, ex titular de la SEIDO, tramitó un amparo ante la justicia federal para que se le informe de la investigación que la PGR integra en su contra, a fin de tener una “justa defensa”.

El pasado martes, el ex funcionario dijo tener conocimiento de dicha indagatoria y aseguró que no pensaba huir; su demanda de garantías quedó radicada en el juzgado 13 de distrito de amparo en materia penal.

También solicitó que se le permita comparecer ante la SEIDO para conocer las acusaciones en su contra. Señaló que Rodrigo Archundia, encargado de despacho de esa subprocuraduría, es el responsable de la pesquisa.