Francisco García Davish/Milenio
MÉXICO, D.F.- En Michoacán sigue latente el riesgo de que pueda surgir un nuevo grupo del crimen organizado, pues persisten los infiltrados en los grupos de autodefensa, advirtió el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

“Parecen estar presentes tentativas de que se dé un reemplazo de un grupo del crimen organizado por otra banda, y que hoy simplemente estén cambiando de camiseta”, señaló el perredista.

El riesgo es que, “en lugar de estar resolviendo y avanzando en la solución de fondo (para el problema de la violencia en Michoacán), simple y sencillamente estemos aplazándola y dentro de poco estemos en una situación peor”.

De gira por Michoacán, el líder partidista dijo que aún hay una “enorme fragilidad en el estado de derecho”, pese a la presencia de un comisionado (Alfredo Castillo) y el discurso del gobierno federal en el sentido que prevalece la normalidad en el estado.

Destacó que hay muchas regiones de Michoacán donde no hay normalidad democrática y añadió que el problema va más allá de los municipios de la Tierra Caliente.

Criticas hacia Castillo y por falta de estrategia clara

Zambrano cuestionó las afirmaciones del comisionado Alfredo Castillo en el sentido de que ya está resuelta la situación de violencia en Michoacán a partir de la coordinación federal y la inversión social. “Nada de eso corresponde a la realidad”, alertó.

El líder perredista criticó también la falta de una estrategia clara del gobierno federal, pues un día anuncia el desarme de los grupos de autodefensa y luego  avanza con los civiles armados a municipios como Tingambato y Jiquilpan.

Dijo que buscará dialogar con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre la creación de un mando unificado en la entidad, pero señaló que el PRD no aceptará una imposición ni considerará que su aplicación sea parte del regreso de la normalidad al estado.

En cambio, el perredista pidió que se escuchen los planteamientos de los presidentes municipales emanados de PRD y PT antes de firmar el acuerdo.

Recordó que este acuerdo sería operado por Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno en Michoacán, antes de que fuera arraigado por presuntos nexos con Los caballeros templarios.

Zambrano consideró necesario que el gobernador Fausto Vallejo solicite otra licencia (pidió dos por motivos de slud) para que lo investiguen por la supuesta relación de su gobierno con el crimen organizado.

Ley, pareja para todos

Fausto Vallejo aseguró que Michoacán es una entidad donde se aplica el estado de derecho a todos los ciudadanos, incluido al gobernador y su familia.

También precisó que brindar seguridad y justicia a los ciudadanos forma parte de la estrategia de su administración para atraer turismo a territorio estatal.

En breve entrevista durante su visita a Uruapan, donde encabezó las actividades del tianguis artesanal del Domingo de Ramos, el mandatario señaló que en Michoacán es un hecho la aplicación del estado de derecho.

Sobre la liberación José Trinidad Martínez Pasalagua, líder transportista y ex diputado priista, dijo si los inculpados son responsables deben ser castigados de acuerdo con la ley, pero si en la investigación resulta lo contrario, deben ser exonerados.

Martínez Pasalagua fue detenido el miércoles, acusado de tener nexos con grupos criminales; sin embargo, este domingo el agente del Ministerio Público de la Federación determinó su libertad con las reservas de ley.

En contraste, Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno de Michoacán, permanece arraigado, luego de que la PGR girara una orden de localización y presentación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, precisó en días pasados que el arraigo contra el ex funcionario servirá para verificar las versiones surgidas en los últimos meses en el sentido de que el político priista se reunió con líderes de Los caballeros templarios para operar las últimas elecciones en la entidad.

Michoacán es uno de los estados más afectados por las actividades del crimen organizado, sobre todo con secuestros, extorsiones y asesinatos, que son delitos de alto impacto entre la sociedad.

Parte de esa inseguridad fue enfrentada por los grupos de autodefensa, que son civiles armados que se oponen a los grupos criminales. Sin embargo, ahora el gobierno federal trata de neutralizarlos, pues considera ilegal que porten armas.