Luis Fuente/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.- En las diligencias realizadas ayer en el Juzgado Octavo de Distrito de Puente Grande, la señora Ligia Canto Lugo presentó pruebas para desmentir que ella y sus hijos tuvieron que ver con la clonación de tarjetas y credenciales de elector; también presentó un informe en el que uno de los testigos de cargo fue asesinado en 2012.

Como publicamos, hace una semana la señora Ligia Canto Lugo fue detenida por agentes de la Policía Federal Ministerial,  en cumplimiento de una orden de aprehensión expedida por el juzgado Octavo de Distrito –con sede en Puente Grande, Jalisco- acusada de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, en la modalidad de clonación de tarjetas.

Como parte de la estrategia de la defensa para demostrar la inocencia de esta persona en los hechos que se le imputan, ayer se realizaron dos diligencias en ese tribunal federal.

La primera fue al mediodía en la rejilla de prácticas de ese tribunal, donde la señora Canto Lugo aportó documentos para acreditar que son falsas las acusaciones en su contra, así como para desmentir que su hijo Guillermo adquirió un pasaporte falso a uno de los testigos de cargo, todo para ir a Estados Unidos.

También aportó pruebas de que no tenía relación con ninguno de los testigos de cargo y menos participaba en actividades ilícitas.

Por la tarde, la defensa exhibió documentos para demostrar que uno de los testigos de cargo fue asesinado en 2012,  por lo que cómo es posible que haya contribuido a la integración de la averiguación previa en este lapso.

Ante estos hechos, el juez Octavo de Distrito de Puente Grande, José Reynoso Castillo, solicitó al INE información sobre las credenciales de elector de los testigos de cargo para comprobar su existencia.

El abogado Efraín Encalada Burgos insistió en que la acusación en contra de la señora Ligia Canto Lugo es “fabricada”, ya que ella encabeza la búsqueda de sus tres nietos desde febrero de 2013.

Su hija Gabriela, madre de los menores, se encuentra escondida, ya que sobre ella pesa una orden de aprehensión por el delito de fraude, que es parte de la campaña de “acoso judicial” emprendida en contra de ambas, como medio de presión para que dejen de reclamar la entrega de los menores, cuyo paradero se desconoce desde 2012.

Reiteró que hay muchas inconsistencias en el expediente que se remonta a 2011, cuando en la Aduana de Jalisco se detectó un paquete enviado desde Guadalajara hacia Estados Unidos, que contenía 18 tarjetas de crédito clonadas.