Luis Fuente/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- De nueva cuenta, Alfonso N y Fernando N, implicados en el robo del cajero automático de las oficinas de la Secretaría de Educación en la avenida Zamná, solicitaron la revisión de medidas cautelares al  juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, para cambiar la prisión preventiva por la libertad provisional, con el uso de localizador electrónico y el pago que les correspondería de la reparación del daño.

En esta ocasión el juez Mugarte Guerrero sí les concedió la libertad condicional, se colocó el brazalete electrónico, y tendrán que ir a firmar ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, no salir del Estado y radicar en el predio que señalaron.

La primera ocasión fue el 7 de diciembre pasado, en la que el juez Mugarte Guerrero negó la solicitud de la modificación de medidas cautelares debido a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares no había verificado los datos de las dos testigos y tampoco la existencia del predio que según, la defensa se había rentado para que sus clientes pudieran radicar en Mérida para continuar el proceso.

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Anta la falta de esta información, el juez Mugarte Guerrero preguntó a los defensores si querían posponer esta audiencia hasta que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares verificara esos datos, pero éstos insistieron en que se llevara a cabo la diligencia.

Las testigos resultaron ser la esposa y prima de Alfonso N, quienes declararon que suscribieron un convenio para ocupar un predio en la zona centro de Mérida, en el que éste inculpado y Fernando N habitarían junto con sus familias. Incluso las dos leyeron una cláusula de ese contrato en el que se especificaba esa situación.

Los fiscales también interrogaron a las dos testigos, quienes cayeron en contradicciones respecto a la dirección del inmueble, entre otros datos ya que ellas manifestaron que suscribieron el documento el 5 de este mes, pero el convenio está fechado un día después.

Al resolver sobre esta petición, el juez negó la sustitución de las medidas cautelares debido a que en primera instancia la Unidad Estatal de Medidas Cautelares no ha informado sobre la verificación de los datos aportados por los testigos y tampoco sobre la peligrosidad de estos dos acusados.

Además, las dos testigos cayeron en contradicciones sobre la dirección exacta del inmueble y tampoco de la autenticidad del convenio de renta del predio en cuestión.