Demandan al Ayuntamiento por terminación anticipada de un contrato

El Tribunal anuncia que el Ayuntamiento de Mérida tiene 15 días para responder a la denuncia en su contra.

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AB&C Leasing pretende dejar sin efecto la terminación de contrato. (Archivo SIPSE)
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Martha Chan/SIPSE
MÉRIDA, Yucatán.-  Ayer el representante legal de AB&C Leasing y del Ayuntamiento, así como el alcalde Renán Barrera Concha y cuatro funcionarios más fueron notificados de que fue admitida la demanda de juicio de nulidad enviada en vía de juicio contencioso y administrativo impugnado por la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento, informó el magistrado presidente Tribunal de lo Contencioso Administrativo Estatal, Miguel Diego Barbosa Lara.

Manifestó que la parte demandada a partir de hoy tiene 15 días hábiles para emitir una contestación, ya que fue remitido una copia cotejada del expediente, tanto de la demanda como los anexos que fueron acompañados por la parte autora y durante ese término, el Ayuntamiento y sus funcionarios demandados podrán emitir una respuesta,  emitir sus pruebas y argumentar su defensa.

En la demanda, se asienta que además del Ayuntamiento, se denunció al alcalde Renán Barrera; al secretario de la Comuna, Jorge Ruz Castro; a la tesorera, Claudia Canto Mézquita; al director de Administración, Jorge Gamboa Wong, y al director de Servicios Públicos Municipales (SMP), Roger Echeverría Calero. 

“En este paso no se está definiendo la razón a ninguna parte; en este caso AB&C Leasing cumplió con la ley y los requisitos que se necesitan para iniciar un juicio de esa naturaleza; incluso fue una revisión extensa a una expediente de alrededor de 600 hojas que presentó la empresa y con base en ella se decidió admitir la demanda”, manifestó Barbosa Lara.

Agregó que la empresa cumplió con el hecho de acreditar personalidad, interés inicial, acompañar documentación, ofrecer probanzas, lo que permitió abrir el proceso contra el Ayuntamiento de Mérida por el caso de la cancelación del contrato de arrendamiento por 82 mil lámparas.

“La empresa busca anular un acto administrativo, específicamente el acuerdo que emitió las autoridades del Ayuntamiento para dar por terminado un contrato, ya que AB&C aduce que no es legal el que se haya terminado el convenio por las razones que se concluyeron, eso es lo que se va a discutir a lo largo del juicio, por ello se ofrecen una serie de argumentos y pruebas, las cuales tiene que conocer el Ayuntamiento y dar una respuesta y viceversa contestar lo que a su derecho convenga ante una demanda, finalizó. 

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