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El Ayuntamiento señala que de propia mano retirará obras de personas que sin autorización ampliaron viviendas o comercios invadiendo las aceras. (Daniel Sandoval/SIPSE)
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MÉRIDA, Yuc.- A raíz de amplio reportaje sobre la invasión de espacios en las calles que publicó Milenio Novedades, el Ayuntamiento de Mérida anunció que de propia mano retirará las obras de las personas que sin autorización municipal ampliaron sus viviendas o comercios y afectaron la vía pública.

El pasado 1 de agosto, MILENIO NOVEDADES informó acerca del “robo a los espacios públicos”, ya que muchas personas colocan rejas que invaden las aceras, sea para meter sus vehículos o para ampliar sus viviendas, lo que obliga a los peatones a caminar por el asfalto.

De acuerdo con el director de Desarrollo Urbano del municipio, Aref Karam Espósitos, tras ese reportaje, el Ayuntamiento recibe o conoce un promedio de dos casos al mes de invasión de espacios públicos.

“Y en muchos de esos casos, la Dirección retirará la obra en cuestión”, afirmó.

“Hemos recibido casos en los que se da esta invasión de espacios públicos. Un ejemplo es la clásica reja para proteger un vehículo, a la que le dan forma redonda para no dañar el auto. En todos estos casos primero exhortamos y posteriormente, de hacer caso omiso el propietario, nosotros mismos retiramos al obra”, señaló el funcionario.

¿Y el castigo?

Detalló que las sanciones por estas anomalías son variadas, dependiendo de la seriedad de la infracción e incluso del propio vecino amonestado, ya que se le da un plazo para retirar la construcción que afecta la vía pública.

“El tema de la sanción es muy variado, se considera que puede ser entre 700 y más de 250 mil pesos, todo depende de la gravedad u omisión en cumplir con la instrucción del Ayuntamiento de retirar la construcción que ocupa un espacio público”, explicó Karam Espósitos.

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El funcionario señaló que el primer paso del procedimiento de sanción es la amonestación vía exhorto, de los que hay varios casos en la ciudad. De no retirar las construcciones, la propia dependencia las derriba.

“Es importante señalar que los casos se revisan uno por uno, porque no se establece una política general. Hay que realizar un estudio de cada caso para saber el impacto que tiene la obra y determinar acciones”, apuntó.

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