18 de Diciembre de 2017

Opinión

Accesibilidad universal: ¿utopía o mal servicio público?

Negar la accesibilidad a las personas con discapacidad es una forma de discriminación.

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La falta de accesibilidad a entornos físicos, instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público es una violación a los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, sea ésta congénita o adquirida.

Esta carencia contraviene lo dispuesto en nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado de Yucatán y los ordenamientos internacionales ratificados por México. Ante esto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emitió la Recomendación General No. 09/2017 el día 5 de este mes, dirigida a los 106 Cabildos de Yucatán y a sus presidentes.

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el párrafo primero del Artículo 110, nos indica: “La Comisión podrá rendir un informe especial o Recomendación General cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y los servidores públicos que deban intervenir o colaborar en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta les hubiere formulado”.
Y el Artículo 125 del Reglamento Interno de esta Comisión:

“La Comisión podrá emitir Recomendaciones Generales a las diversas autoridades estatales o municipales, a fin de que promuevan, en la esfera de su competencia, las reformas legislativas o reglamentarias necesarias, así como las prácticas administrativas tendientes a prevenir y a erradicar violaciones a Derechos Humanos”. La Recomendación puede ser consultada en codhey.org.

Este problema es de ciudades con crecimiento desmesurado como Mérida, pero es responsabilidad de todas y de todos solucionarlo: constructores, ciudadanos y los mandos que deben cumplir y hacer cumplir la ley para tener un entorno más amigable, principalmente para quienes tienen alguna discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores o quien haya de transitar por nuestras urbes y sus servicios.

Negar la accesibilidad a las personas con discapacidad es una forma de discriminación, ya que se les restringe su autonomía y se les impide participar plenamente en la sociedad.

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