Agencias
SANTIAGO, Chile.- Unas 159 personas recibieron condena en Chile por ayudar o someterse a un aborto entre 2008 y 2014, de las cuales 31 debieron cumplir prisión efectiva.

Lo reveló la abogada Ana Piquer, directora de la oficina en Chile de Amnistía Internacional (AI), con motivo de la campaña global "Mi cuerpo, mis derechos" que lleva a cabo el organismo humanitario en vísperas del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina.

Para el organismo, el aborto y los derechos sexuales reproductivos son parte de los derechos humanos fundamentales de la mujer cuyas bases se encuentran en tratados regionales e internacionales que los Estados han suscrito.

Deben estar en la lista junto a otro como derecho a la intimidad, a no ser víctima de discriminación, a no sufrir tratos crueles, inhumanos ni degradantes.

Piquer señaló que Amnistía "no propicia ni defiende el aborto", sólo aboga por que los Estados asuman su responsabilidad y adopten todas las medidas conducentes a la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Para ello, explicó, se insta a los Estados a facilitar a hombres y mujeres la información completa en materia de salud sexual reproductiva, anticoncepción y anticoncepción de emergencia; derogar las leyes que criminalizan a las mujeres que buscan un aborto o a los profesionales que lo practican.

Asimismo, garantizar que cualquier mujer que sufra complicaciones derivadas de un aborto tendrá acceso a los servicios médicos que precise, con independencia de si el aborto se practicó dentro de la legalidad o ilegalmente.

Además, otorgar el acceso a servicios seguros y asequibles a cualquier mujer que quede embarazada a consecuencia de una violación o incesto, o si el embarazo supone un riesgo para su vida o su salud mental y en los casos de anormalidad fetal grave.

Esto, acotó, "es el piso mínimo a partir de cual el Estado puede regular libremente el acceso al aborto".

Aclaró también que para Amnistía "el aborto no es un método de planificación familiar, pero la mujer es la que tiene que recibir toda la información sobre métodos de anticoncepción, anticoncepción de emergencia (píldora del día después) y es ella la que tiene que decidir sin que esté expuesta a ser criminalizada".

Chile, junto a Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Surinam y Haití, son los únicos países de la región donde no se admite el aborto ni siquiera en situación extrema.

A su juicio, los grupos de poder han impedido que se vea a la mujer más allá de su rol de madre y procreadora.

Por eso Piquer consideró un "avance" el proyecto de ley que el Gobierno de Michelle Bachelet enviará al Congreso que despenaliza el aborto y lo permite en tres situaciones: inviabilidad del feto, violación y peligro de la vida de la madre.

No obstante, dijo que junto a la ley se requiere un cambo cultural y de información, sobre todo entre los profesionales de la salud, que hoy otorgan a discreción el anticonceptivo de emergencia cuando una mujer ha sido violada o exige la comparecencia de los padres en caso de una menor de edad. 

Además, mencionó, muchas veces las mujeres que han sufrido un aborto espontáneo son "maltratadas" en los servicios de urgencia.

Aún así, valoró que la sociedad chilena haya empezado a abrirse a debatir este tema, sobre todo cuando hace 20 años ni siquiera se podía poner sobre la mesa ni discutir la idea de legislar en el Congreso.

Aplaudió también que el Ejecutivo patrocine una ley de aborto y se mostró confiada en que las nuevas fuerzas políticas en el Parlamento -mayoría de gobierno- le den una rápida aprobación.

(Margarita Bastías/Ansa Latina)