Agencias
WASHINGTON, D.C.- La administración del presidente Barack Obama apeló ante la Suprema Corte de Justicia el dictamen de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, que mantuvo el freno a la implementación de las acciones de alivio migratorio.

En su apelación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la máxima instancia judicial del país acelerar el proceso de consideración y resolución de este caso durante su actual periodo de audiencias, que concluirá en las próximas semanas.

El gobierno busca poder implementar las acciones anunciadas en 2014 por el mandatario, antes que éste deje la Casa Blanca en enero de 2017, y asegurar así la protección legal de al menos cinco millones de inmigrantes indocumentados, en caso de obtener una resolución favorable, informa Notimex.

La apelación se produjo después que un panel de tres jueces de la corte de Nueva Orleans falló a favor de prolongar la suspensión sobre la implementación de esas medidas dictada antes por el juez federal Andrew Hansen, en respuesta a la demanda de 26 entidades encabezada por Texas.

También coincidió con el primer aniversario de las acciones ejecutivas anunciadas por Obama en noviembre de 2014, después que los republicanos dejaron en claro su negativa para aprobar una reforma migratoria durante su presidencia.

Millones de beneficiarios

En su petición, el gobierno solicitó una “revisión inmediata” de su apelación al citar la enorme importancia de las políticas en juego, haciendo énfasis en el daño que una demora podría generar “para las muchas familias afectadas” y la necesidad de la pronta implementación de esas medidas.

Bajo la directiva ejecutiva de Obama, el gobierno buscó ampliar a partir de febrero pasado el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que se estima beneficiaría a unos 300 mil jóvenes indocumentados adicionales.

Igualmente pondría en vigor una variante para adultos conocida como DAPA, y la cual busca beneficiar a más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados que son padres de menores ciudadanos estadounidenses, o bien que son residentes permanentes.

La directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigración, Marielena Hincapié, consideró con la rápida acción de Departamento de Justicia dará a la Suprema Corte el tiempo necesario para considerar el caso, y en la eventualidad de un fallo a favor del gobierno, “brindar estabilidad a millones de familias que se encuentran ahora en un limbo legal”.