EFE
BUENOS AIRES, Argentina.- Argentina afronta una semana crucial para definir si puede alejar el fantasma de la suspensión de pagos y avanzar en la negociación con los fondos especulativos que entablaron un litigio contra el país en Estados Unidos, en reclamo del pago de 1,330 millones de dólares de deuda.

El equipo económico de la presidenta, Cristina Fernández, estudia distintas alternativas para cumplir con el cien por cien de los acreedores y además cancelar el total de la deuda que reclaman judicialmente aquellos que no se avinieron a los canjes de deuda planteados en 2005 y 2010, los denominados "fondos buitre".

Según publican medios locales, el Gobierno argentino contemplaría poder realizar a estos últimos un pago inicial, a cuenta del total, de entre 300 y 400 millones de dólares, para mostrar la voluntad de cumplimiento, y luego negociar el resto con emisiones de bonos de vencimientos escalonados en años.

La cantidad inicial sería la misma que se les paga con una quita del 65 % a los acreedores que sí entraron en la reestructuración de la deuda, para de esa manera evitar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que da a esos bonistas el derecho a beneficiarse con mejoras a lo ofrecido en el canje que vence en diciembre de 2014.

Por eso el Gobierno argentino tratará esta semana de alargar la negociación con los fondos especulativos y con el juez neoyorquino Thomas Griesa, que falló a favor de ellos, y que exige que Argentina cumpla con la totalidad de los pagos que se le reclaman.

No extorsiones

Si el Ejecutivo de Cristina Fernández lograra estirar la negociación hasta diciembre, en enero de 2015 oficializaría un plan de pagos, con bonos a largo plazo, basado en el mismo modelo del acuerdo alcanzado con la petrolera española Repsol o, recientemente, con el Club de París, según señalan expertos en economía.

En su estrategia de forzar una negociación, el Gobierno argentino utilizó este sábado un espacio pagado en el diario The Wall Street Journal para explicar, bajo el título "Argentina quiere seguir pagando sus deudas pero no la dejan", la postura de las autoridades argentinas respecto a la sentencia del juez Griesa.

Un día antes, Fernández había dado un giro a su discurso inicial, difundido el lunes en un mensaje a la nación, en el que aseguró que Argentina no aceptaría "extorsiones".

Tras varios días de incertidumbre económica, la presidenta relajó su tono, reafirmó la voluntad de su Gobierno de pagar a todos los acreedores y pidió que se garantizaran "las condiciones necesarias" para poder negociar "justa y equitativamente".

A lo largo de la semana, el Ejecutivo argentino trató de explicar a la ciudadanía el origen de la abultada deuda externa que arrastra el país desde la dictadura (1976-1983) y frenar el vaivén de los mercados ante el riesgo de un nuevo "default" (suspensión de pagos).

Igualdad de condiciones

El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que propondría un canje de los bonos amparados por la legislación de EU en manos de acreedores que aceptaron reestructurar, por otros nuevos pero bajo legislación argentina, un planteamiento que Griesa descartó inmediatamente por considerar que "violaría los fallos de la Justicia".

La estrategia era una forma de burlar el fallo de Griesa que complica los desembolsos que Argentina debe hacer a finales de este mes a los acreedores que sí se acogieron a los canjes, ya que incluye las órdenes "pari passu (en igualdad de condiciones)", por las que está obligada a pagar de manera simultánea a todos los tenedores de deuda.

Además, los giros de dinero a Estados Unidos que haga Argentina corren el riesgo de ser embargados por solicitud de los litigantes con sentencia a favor.

En estas circunstancias, la próxima semana se convierte en crucial para el Ejecutivo de Fernández, que cuenta con el apoyo de políticos de todo signo, organizaciones sociales y organismos regionales como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).