Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- La justicia argentina investigará el presunto apoyo institucional que diversos funcionarios dieron a traficantes que supuestamente vendían efedrina a carteles mexicanos y que desató un escándalo en 2008.

Fuentes judiciales confirmaron que un juzgado federal recibirá en los próximos días la solicitud realizada por un tribunal provincial para que se indaguen supuestos sobornos para protección que habrían pagado los vendedores de efedrina.

En diciembre pasado, en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, fueron condenados a cadena perpetua los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci y Cristian y Martín Lanatta, acusados del asesinato de tres empresarios ocurrido en agosto de 2008.

Las víctimas fueron Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, quienes, según la justicia, querían quedarse con los clientes mexicanos que le compraban efedrina a otro empresario prófugo, Ibar Pérez Corradi, por lo cual fueron asesinados.

Implican a Presidenta

A finales de enero anterior, el diario Clarín reveló que fueron tantos los cabos sueltos que dejó el juicio, que el tribunal de Mercedes enviaría a un juzgado federal la causa para investigar en particular si hubo o no apoyo de funcionarios públicos.

El caso es muy complejo, ya que Forza, una de las víctimas, donó dinero para la campaña presidencial que Cristina Fernández ganó en 2007 y participaba en la llamada "mafia de los medicamentos" que robaba, adulteraba y revendía fármacos a granel.

Durante el juicio, algunos testigos aseguraron que el empresario pagó un soborno de 250 mil dólares a un funcionario de alto nivel a quien apodaban "El Morsa" para que frenara investigaciones en su contra, es decir, para recibir protección judicial y política.

También se investigará cómo fue que los traficantes de efedrina pudieron recibir y exportar sin mayores problemas este precursor químico que sirve para elaborar las metanfetaminas fabricadas por los carteles internacionales de la droga.

Sin desenredo

La diputada Graciela Ocaña, quien fue la ex ministra de Salud que denunció la existencia de la "mafia de los medicamentos", advirtió que se sospecha que "El Morsa" es el ex jefe de Gabinete y actual senador, Aníbal Fernández.

"Yo no estoy imputando, son las sospechas que muchos vinculan. El senador deberá ser el primer interesado en aclarar estos elementos y ponerse a disposición de la justicia en esta nueva causa que se inicia", afirmó la legisladora.

De esta manera, la madeja iniciada en julio de 2008 con el descubrimiento de un laboratorio de efedrina operado por una banda mexicana no termina de desenredarse, a pesar de los múltiples juicios relativos al caso que ya concluyeron.