Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- Un juez frenó el miércoles un decreto del presidente de Argentina, Mauricio Macri, que intervenía y modificaba el principal organismo de medios audiviosuales, como parte de su estrategia de transformar este sector estratégico sin el aval del Congreso.

La decisión del juez Luis Arias causó un revuelo político, ya que prohibe “alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)” que el gobierno intervino la semana pasada, informa Notimex.

De esta manera las decisiones que Macri dictó por decreto, entre ellas el desplazamiento del titular de la Afsca, Martín Sabatella, y otros directivos, quedan paralizadas y comienza una batalla judicial.

En su fallo el juez advirtió que los decretos de Macri son contrarios al principio republicano de división de poderes, “al intervenir y cesar en el cargo a los funcionarios y autoridades legalmente constituidas, sin respetar los mecanismos previstos para su remoción”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció esta mañana la fusión del organismo con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) para crear con ambos el Ente Nacional de Comunicaciones.

La firma de decretos ha sido el sello de Macri desde que asumió como presidente el pasado 10 de diciembre, lo que ha despertado críticas de aliados y opositores, porque una de sus principales promesas de campaña fue respetar y reforzar la institucionalidad.

Por el contrario, Macri se ha dedicado durante sus primeros 20 días de gobierno a emitir múltiples decretos, es decir, a tomar decisiones de manera unilateral, sin la discusión parlamentaria que requiere un sistema republicano.

Fin de una guerra 

Uno de los casos más extremos es el decreto que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, mejor conocida aquí como Ley de Medios, que fue una norma discutida a nivel nacional en foros ciudadanos, aprobada por el Congreso y declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Aunque la pelea fue básicamente entre el kirchnerismo y la prensa opositora, Peña anunció el fin de “la guerra del Estado contra el periodismo” en general y el inicio de “una política pública de comunicaciones del siglo 21”.

En los hechos, el decreto que será publicado mañana jueves en el Boletín Oficial y que también será impugnado ante la justicia, beneficia la concentración del sector audiovisual y de las telecomunicaciones al permitir que las empresas privadas participen del mercado de la telefonía y la televisión paga.