Corine Lesnes/Le Monde
WASHINGTON, D.C.- El vicepresidente de EU,    Joe Biden   , no ha perdi do el tiempo. Menos de un mes después de haber sido   encargado   por  Barack Obama  de encabezar una comisión sobre la    violencia  por armas de fuego,  esta semana terminó su trabajo. Y es que Biden conoce bien el tema: fue uno de los autores, en 1994 —durante la d oble administración de Bill Clinton— de la prohibición de los fusiles de asalto, que el Congreso dejó expirar en 2004 y que los partidarios del control de armas (gun control) quieren reinstaurar ahora.

Biden, quien entregó sus conclusiones al presidente el martes, se entrevistó el 10 de enero con los legisladores, las familias de víctimas, así como con representantes de la industria del cine y de los videojuegos, de los grupos de poder de las cadenas de cable, médicos y responsables del distribuidor Walmart, primer vendedor minorista de armas de fuego en el país.

La administración Obama quiere hacer reflexionar no solo sobre la facilidad del acceso a las armas en EU, sino también sobre la falta de controles psiquiátricos y de las secuelas de la difusión de imágenes de violencia en los medios.

Biden también recibió a las asociaciones de cazadores y a la National Rifle Association (NRA, Asociación Nacional del Rifle), el poderoso grupo de presión pro armas de fuego. Y si bien antes de su encuentro Biden dijo que había unanimidad de criterios sobre la generalización de los background checks, los controles de antecedentes judiciales y psiquiátricos previos a la compra de armas, se vio desmentido por el comunicado publicado después de la entrevista por la NRA.

La organización acusó a la comisión de estar más preocupada de “atacar la Segunda Enmienda que de dar seguridad a los estudiantes”, en alusión al párrafo de la Constitución que garantiza el derecho individual a la portación de armas. “No dejaremos que los propietarios de armas que respetan la ley paguen por los actos criminales y de locos”, clamó la NRA en un acto demasiado parecido a una declaración de guerra...

Un mes después de la masacre en la primaria Sandy Hook de Newtown (Connecticut), que dejó 26 muertos, de ellos 20 niños, EU atraviesa una fase de cuestionamientos sin precedente sobre un tema tristemente familiar: mientras la comisión Biden sesionaba, un joven de 16 años que se sentía víctima de hostigamiento abrió fuego sobre un compañero en un liceo de California.

Todas las organizaciones de izquierda se han movilizado para lograr del Congreso la nueva prohibición de los fusiles de asalto. Pero sus pares de derecha afirman que la ley de 1994 no impedirá las masacres. Prueba de ello, añaden, la matanza en un liceo de Columbine, en 1999.

Gabrielle Giffords, la ex diputada de Arizona, quien se salvó milagrosamente de los disparos en un estacionamiento de Tucson hace exactamente dos años, fundó con su marido, el astronauta Mark Kelly, una asociación: Norteamericanos por Soluciones Responsables. Giffords encarna la complejidad del tema. Ella era una de esas demócratas moderadas que comprendía los argumentos de la NRA. Y tenía un arma. Ironía cruel: era el mismo tipo de pistola Glock que la de su atacante.

¿Tiene posibilidades de pasar en el Congreso la nueva prohibición de los fusiles de asalto? Un proyecto de ley fue introducido en el Senado por la demócrata Dianne Feinstein, pero sus opciones de lograrlo, al menos por ahora, son mínimas: los republicanos no tienen intención de ceder a las prioridades de Obama sin haber antes impuesto las suyas: reducción del presupuesto y el techo de la deuda.

Los demócratas no olvidan los esfuerzos sobrehumanos que debieron hacer para imponer la prohibición en 1994. Aunque Clinton haría recaer en esa medida la responsabilidad de la aplastante derrota de su partido en las elecciones intermedias.

En tanto, Obama deberá cuidar que el tema no se convierta en lo que significó el salvataje de los bancos en su primer mandato: el pretexto para una insurrección del Tea Party.