MAURICIO SAVARESE y DAVID BILLER 

SAO PAULO, BRASIL.- Un juez del máximo tribunal de Brasil anuló el lunes todas las condenas en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que le permitiría postularse a la presidencia en las elecciones del próximo año.

La decisión también dejó al descubierto las divisiones políticas del país. Los izquierdistas celebraron el retorno del líder de 75 años al ámbito político, y los conservadores señalaron que los fallos equivalen a impunidad.

Otros vieron la decisión, basada en argumentos procesales, como un intento por preservar una extensa pero criticada investigación de corrupción que ha derivado en múltiples condenas a poderosos empresarios y políticos, pero que también ha sido señalada de irregularidades.

La decisión del juez Luiz Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal no sacó conclusiones sobre la extensa investigación Lavajato, enfocada en la paraestatal petrolera Petrobras y de donde surgieron las pesquisas contra Lula. En su lugar, el magistrado señaló que la corte federal de la ciudad de Curitiba, en el sur del país, que sentenció a Lula en dos ocasiones por corrupción y lavado de dinero, no tenía la jurisdicción para enjuiciar al exmandatario.

Fachin dijo que los casos serán enviados a un tribunal federal del Distrito Federal de Brasil, donde podrán empezar de nuevo.

Pero Deltan Dallagnol, quien procesó a Lula como jefe del grupo de trabajo de Lavajato, dijo en Twitter que el fallo podría poner fin a todo el caso en contra del expresidente debido a que habría prescrito. Lula aún enfrenta otros procesos en Brasil, pero esos están lejos de una decisión final.

Los abogados de Lula emitieron un comunicado en el que celebraron la decisión, diciendo que "se apega a todo lo que hemos dicho durante más de cinco años en estas demandas".

Pero la prensa brasileña reportó que el fiscal general del país, Augusto Aras, aliado del presidente conservador Jair Bolsonaro, se prepara para apelar el fallo.

Nuevo impulso a Lula

Lula ha sido una figura dominante en la política brasileña durante varias décadas, primero como organizador del sindicato nacional de trabajadores metalúrgicos, que lo lanzó en varios intentos fallidos a la presidencia, y posteriormente como un carismático mandatario cuya popularidad aumentó durante su gobierno entre 2003 y 2010 gracias a cuantiosas ayudas gubernamentales a los pobres y las inversiones en infraestructura durante el boom de materias primas en el país.

Dejó la presidencia con un índice de popularidad superior al 80%, y el expresidente estadounidense Barack Obama se refirió a él como el político más popular del planeta. Sin embargo, en los últimos años la fortuna dejó de sonreirle conforme la economía brasileña se estancaba y aumentaban los escándalos de corrupción en torno al exmandatario y su círculo de allegados.

Se vio obligado a abandonar su postulación electoral de 2018 debido a la primera de sus dos condenas penales, en julio de 2017.

Maurício Santoro, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, dijo en entrevista telefónica que la medida le dará un impulso a Lula y al Partido de los Trabajadores, que se ha visto afectado por investigaciones de corrupción. Sin embargo, el analista cuestionó si Lula generará ímpetu suficiente para postularse nuevamente a la presidencia, considerando que aún hay muchos en contra de él y del partido.

"En los últimos meses hemos visto un repunte en la popularidad de Lula. Eso se debe a la pandemia y al desastre humanitario que estamos atravesando. Cuando se suma todo eso, tenemos un ambiente político actual en Brasil que es un poco más empático que hace tres años", dijo Santoro. "Pero pienso que hay un límite de qué tan lejos puede llegar ese movimiento".

Después de darse a conocer la noticia del fallo, residentes de algunas ciudades salieron a sus ventanas a gritar: "¡Lula libre!" o a reproducir los temas musicales de sus campañas presidenciales. También hubo consignas de "¡Fuera Bolsonaro!" que han aparecido ocasionalmente desde que la pandemia de COVID-19 llegó al país hace un año.

Lula fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión por supuestamente recibir un apartamento con valor de un millón de dólares como soborno de parte de la compañía constructora OAS. Lula ha negado ser propietario del inmueble.

Otra condena giró en torno a la supuesta propiedad de un rancho en Atibaia, a las afueras de Sao Paulo.

Fue encarcelado en abril de 2018 mientras encabezaba los sondeos rumbo a los comicios presidenciales a celebrarse en pocos meses.

Con Lula fuera del panorama, el legislador conservador Bolsonaro ganó fácilmente la contienda. Lula fue excarcelado en noviembre de 2019 tras una decisión del máximo tribunal del país de que una persona únicamente puede ser encarcelada una vez que haya agotado todos sus recursos legales.

La decisión también afecta la reputación del exjuez Sergio Moro, quien sentenció a Lula en el primer caso, participó en el segundo y dejó el cargo para convertirse en ministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro. Moro renunció en abril del año pasado luego de una diferencia de opiniones con el presidente.

El equipo legal de Lula quería que el máximo tribunal considerara que Moro se comportó con parcialidad después de que la revista The Intercept publicó una serie de mensajes filtrados en los que se mostraba una aparente coordinación entre el entonces juez y los fiscales de Lavajato para encarcelar al exmandatario.

Al eludir dichas mociones, la decisión de Fachin preserva otras condenas relacionadas con Lavajato, de acuerdo con Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Brasilia.

Si el Supremo Tribunal Federal hubiera determinado que Moro no fue imparcial, altos ejecutivos y demás sentenciados a prisión como parte de la investigación podrían haber actuado para que les anularan sus casos.

"Lo que sucedió aquí fue una transferencia de jurisdicción", subrayó Calmon.

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