20 de Septiembre de 2018

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Chilenos se apoderan de las calles en favor del agua

Organizaciones sociales se manifestaron en el centro de la ciudad para exigieron poner fin a un polémico Código de Aguas.

Hasta ahora no se ha especificado el número de asistentes a la manifestación. (UPI/cooperativa.cl)
Hasta ahora no se ha especificado el número de asistentes a la manifestación. (UPI/cooperativa.cl)
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Agencias
SANTIAGO, Chile.- Decenas de organizaciones sociales del norte, sur y centro de Chile, realizaron el sábado una masiva Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua, en la que exigieron la nacionalización del recurso y el fin de un polémico Código de Aguas, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

La manifestación, realizada en Santiago, avanzó desde los cuatro puntos cardinales hasta converger en la Parque Almagro, en el centro de la ciudad.

"El agua nos despierta, con la vida no se lucra", se leía en uno de los principales carteles de la marcha, a la que concurrieron familias completas.

Hasta ahora no se ha especificado el número de asistentes a la manifestación.

El Código de Aguas transformó el recurso en propiedad privada, confiriéndole al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y a perpetuidad a empresas.

Además, permite comprar, vender o arrendar esos derechos sin tomar en consideración prioridades de uso.

"El Código de Aguas privatiza las aguas en forma gratuita a las grandes compañías", por lo que "pensar en una estatización ya es un paso adelante", afirmó Fernando Viveros, del Observatorio de Aguas, en referencia a un proyecto de ley que busca devolver el recurso a manos del Estado.

Sin embargo, advirtió que "no se trata de que las aguas pasen del patrón de las transnacionales al patrón estatal". "La estatización debe ir acompañada de una legislación muy compleja en la que en cada territorio tenga una participación vinculante", añadió.

Las organizaciones piden también la derogación del Tratado sobre Integración y Complementación Minera suscrito en 1997 por Chile y Argentina y que, aseguran, entrega a las empresas mineras transnacionales toda el agua y la dotación de energía que requieran para sus faenas en la frontera.

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