Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación sobre la reforma al Poder Judicial en México, cuestionando si esta garantizará la independencia judicial necesaria para el acceso efectivo a la justicia en el país.

En una audiencia pública celebrada en Washington, D.C., miembros de la CIDH escucharon a jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial mexicano, quienes señalaron posibles efectos negativos de la reforma para el sistema judicial.

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, enfatizó que “existe consenso en que el sistema de justicia en México requiere cambios”, pero planteó dudas sobre si la reforma realmente fortalecerá la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.

🗳️📌 SIN DIAGNÓSTICO: GOBIERNO ADMITE ANTE LA CIDH IMPROVISACIÓN EN REFORMA JUDICIAL

Vaya declaración en la audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La representación del Gobierno de México sorprendió al admitir que la reforma judicial –que… pic.twitter.com/0LiEBCk4pl

— Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 12, 2024

Según Clarke, el proceso de elección popular de jueces y magistrados federales, incluido en la reforma, podría vulnerar la imparcialidad, dejando a los funcionarios expuestos a influencias indebidas, incluyendo las provenientes de élites económicas y el crimen organizado.

Andrea Pochak, relatora de la CIDH para México, subrayó que el órgano interamericano mantiene “una grave preocupación” por la reforma judicial, ya que considera que esta podría poner en riesgo los estándares interamericanos de independencia judicial y acceso a la justicia.

Luz Elena Baños defiende la legitimidad de la reforma ante la CIDH 

La CIDH ya había manifestado sus reservas en septiembre, instando a las autoridades mexicanas a promover un diálogo amplio que incluyera a todos los sectores interesados.

Representantes del Estado mexicano, como la Embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, defendieron la legitimidad de la reforma ante la CIDH, asegurando que esta promueve cambios necesarios en el Poder Judicial.

Desde agosto, más de mil jueces federales habían solicitado a la CIDH intervenir en el proceso de reforma judicial en México, instándola a verificar su implementación y pedir informes al Estado mexicano.

México ratificó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1998, dando un paso clave para la supervisión de sus compromisos en derechos humanos.

(Con información de Reforma)