Milenio Digital
BRASILIA, Brasil.-  Dilma Rousseff y Lula da Silva lanzaron ayer una dura ofensiva y lideraban febriles negociaciones para tratar de frenar el juicio de destitución de la presidenta brasileña que la Cámara de diputados se apresta a votar hoy.

“Quieren condenar a una inocente y salvan a corruptos”, denunció Rousseff, mientras su predecesor y líder histórico de la izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en un acto popular en Brasilia que “a la élite brasileña no le gusta la democracia”.

La Cámara baja mantuvo ayer su segundo día de debates, con intervenciones limitadas a tres minutos por diputado.

Rousseff, de 68 años, llamó en un video difundido por las redes sociales a “seguir movilizándose”, para combatir “un golpe de Estado”.

De su lado, Lula llamó a “defender la democracia”, en un acto con más de mil seguidores vestidos de rojo que agitaban carteles que proclamaban: “No habrá golpe”, en un recinto junto al estadio Mané Garrincha de Brasilia.

La mandataria, con una popularidad por los suelos cercana al 10 por ciento, es acusada de haber manipulado las cuentas públicas para ocultar la magnitud de los déficits en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015.

El gobierno niega esas acusaciones y las atribuye a una conspiración liderada por el vicepresidente Michel Temer y el jefe de la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, ambos del partido centrista PMDB.

“La palabra golpe estará para siempre grabada en la frente de los traidores de la democracia”, proclamó Rousseff en el video, en el que también acusa a Temer de planear la supresión de planes de ayuda social, como Bolsa Familia, emblemáticos de la era Lula (2003-2010) y de su sucesora.

Ayer dio un paso más y apuntó a las acusaciones y sospechas de corrupción que pesan sobre Cunha y otros diputados.

“¿Será que quienes lideran el golpe permitirán que el combate a la corrupción continúe?”, se preguntó en una página publicada por el diario Folha de Sao Paulo.

Temer envió un mensaje por Twitter en el que calificó de “mentiras rastreras” las acusaciones de querer suprimir los programas sociales. “Los mantendré todos”, prometió.

Leio hoje nos jornais as acusações de que acabarei com o bolsa família. Falso. Mentira rasteira. Manterei todos programas sociais.

— Michel Temer (@MichelTemer) 16 de abril de 2016

La apertura de un proceso de impeachment requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara baja (342 diputados de un total de 513) y su ratificación por el Senado. En tal caso, Temer asumiría el poder y completaría el mandato hasta fines de 2018, si en un lapso de seis meses los senadores declaran a Rousseff formalmente culpable.

La mandataria permaneció ayer en la residencia presidencial para negociar los apoyos de la votación de hoy en la cámara.

El ex presidente Lula da Silva fue designado jefe de gabinete de Rousseff, pero un juez bloqueó el nombramiento por sospechar que se trataba de una maniobra para librarlo de la justicia ordinaria que investiga si se benefició de la red de corrupción de Petrobras.

La tendencia reflejada en la prensa brasileña los últimos días mostraba que el péndulo se inclinaba en favor de los opositores, pero la noche del viernes esa ventaja se habría estrechado y hasta diluido, de acuerdo con Folha de Sao Paulo y fuentes parlamentarias del gobernante Partido del Trabajo (PT).

El diputado Mendonça Filho, del partido Demócratas (DEM, oposición de derecha), aseguró sin embargo que la posición de los partidarios del impeachment “está consolidada”.

“Superamos los 342 votos necesarios” pero “hay que seguir vigilantes y denunciar los actos abusivos que pueda patrocinar el gobierno”, declaró el legislador.

La crisis de la mayor economía latinoamericana, que se desdobla en una profunda recesión, es seguida con preocupación por sus vecinos.

El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó el viernes un fuerte respaldo a Rousseff, y ayer lo hizo el presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Jorge Taiana, quien denunció las tentativas de “desestabilización” en Brasil.