Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- La expresidenta argentina Cristina Fernández se presentó el miércoles ante un juez federal para ser indagada por supuesto fraude al Estado rodeada por el apoyo de miles de seguidores que sostienen que es víctima de una persecución política y judicial.

Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015, ingresó a la zona de los tribunales federales en un automóvil blanco. Vestida con un impermeable gris con una amplia capucha, entró al edificio por un lateral.

Bajo una intensa lluvia miles de seguidores apostados en las inmediaciones la vitorearon mientras alzaban pancartas que rezaban "No la toquen a Cristina", "Fuerza Cristina" y "Vamos a volver". Entre los congregados estaban jóvenes de la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria, miembros del opositor Frente para la Victoria (FPV), agrupaciones sociales como Descamisados y sindicatos izquierdistas.

Muchos de ellos, que vinieron de distintos puntos del país, pasaron la noche en las cercanías de los tribunales para dar aliento a la controvertida exmandataria peronista que ha reaparecido en la escena pública luego de pasar cuatro meses recluida en una de sus residencias de la Patagonia desde que dejó el poder el 10 de diciembre.

El juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria a Fernández como sospechosa de haber participado en una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo, bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos (unos cinco mil 273 millones de dólares al cambio actual).

"Es vergonzoso, es una causa política", dijo a The Associated Press Paula Aiello, integrante del Partido Humanista, aliado del FPV. "La justicia es un poder político en Argentina, funciona como una corporación, es similar a lo que están haciendo en la región con otros gobiernos del mismo signo, con lo que le hacen a Lula", dijo la joven en referencia a la investigación judicial por supuesta corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Varios periodistas fueron agredidos por simpatizantes de la mandataria mientras cubrían su llegada a los tribunales. En tanto, miembros del FPV lograron ingresar al edificio y colgar desde un balcón en uno de los pisos superiores un cartel gigante en apoyo a Fernández.

Luego de la indagatoria, en la que la expresidenta puede negarse a declarar o presentar un escrito, el magistrado tiene unos 10 días para decidir si la procesa o la libera de cargos. Fernández no posee fueros que le garanticen inmunidad.

Tras la asunción del conservador Mauricio Macri en diciembre de 2015, el cerco judicial se ha estrechado sobre Fernández y varios funcionarios de su administración, en ocasiones por jueces que tenían frenadas las causas y que con el cambio político las activaron.

Fernández tiene otros frente abiertos en la justicia, entre ellos la imputación de la que fue objeto días atrás por un fiscal por presunto lavado de dinero luego de que un detenido, acogido a la figura del arrepentido, la involucrara en esa maniobra irregular junto a su marido y antecesor en el cargo Néstor Kirchner (2003-2007).

Bonadío la investigó en 2015 para determinar si incurrió en lavado de dinero mediante el supuesto alquiler ficticio de habitaciones de sus hoteles en la Patagonia al contratista de obra pública Lázaro Báez, muy cercano a ella y a su difunto marido.

A pedido de la defensa de la familia Kirchner, el magistrado fue apartado de la causa por un tribunal de alzada al considerar que cometió irregularidades y la investigación está en manos de otros jueces que no han tomado por el momento ninguna medida procesal contra la exmandataria.

Al sentirse víctima de una ofensiva kirchnerista, Bonadío, quien en otras ocasiones ha sido denunciado ante el Consejo de la Magistratura por sus investigaciones en distintas causas, afirmó que podía ser víctima de un asesinato. "Si aparezco suicidado, busquen al asesino; no es mi estilo", señaló.