Agencias
LA PAZ, Bolivia.- La diputada Norma Piérola informó el martes que a nombre de la oposición política fue presentada en Amsterdam ante la Corte Penal Internacional, CPI, una denuncia en contra del presidente Evo Morales por la muerte de un centenar de personas en protestas durante los últimos siete años y después que sus denuncias no fueran atendidas por la Corte Interamericana de Justicia , CIJ.

La viceministra de Comunicación, Claudia Espinoza, dijo a la AP que el gobierno no estaba al tanto de la demanda y que se pronunciará cuando se informe.

Desde Washington, donde se encuentra, la diputada Piérola informó a la AP que la denuncia quedó presentada en Amsterdam el viernes. La legisladora dijo que se encuentra en Washington desde el lunes de regreso a Bolivia luego de la gestión en Amsterdam.

"Hay centenares de autoexiliados, presos políticos y procesados ilegalmente; algunos están presos por más de tres años sin sentencia en violación de las leyes porque el gobierno controla la justicia y la usa para sus fines", dijo la diputada.

Morales ha dicho en varias ocasiones que no hay perseguidos políticos bajo su gobierno.

La diputada Piérola recordó que desde 2007 presentaron denuncias ante la CIJ con sede en Costa Rica sin que hayan recibido respuesta y por eso se acudió a la Corte Penal Internacional.

Desde Nueva York, Agustina Bidart, encargada de Comunicaciones de la CPI, dijo a la AP el que se haya presentado la denuncia no significa que sea aceptada.

"La fiscalía de la CPI recibe cientos de comunicaciones (denuncias) al mes cuya mayoría son archivadas por no cumplir alguno de los requisitos estipulados en el Estatuto de Roma sobre los criterios de admisibilidad", dijo .

"Cuando estas comunicaciones cumplen con todos los criterios necesarios, se traducen en Exámenes Preliminares. Actualmente sólo hay siete en curso: Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, República de Corea y Nigeria", dijo Bidart.

La diputada Piérola dijo que también presentó otra denuncia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por la negativa del gobierno a conceder salvoconducto al senador opositor Roger Pinto refugiado desde mayo del año pasado en la embajada de Brasil en La Paz tras declararse perseguido político.

Las denuncias buscan inhabilitar a Morales para los comicios presidenciales de diciembre de 2014, reconoció Piérola. La oposición es minoritaria frente al oficialismo que controla dos tercios de la Asamblea Legislativa.

Las muertes a las que hace referencia Piérola no ocurrieron en una sola vez sino en numerosas protestas callejeras desde el arribo de Morales al gobierno en 2006. Una de las más graves fue una violencia incursión policial en un hotel en 2009 que derivó en la muerte de tres presuntos terroristas extranjeros que, según la denuncia de las autoridades, planeaban asesinar al mandatario.

En mayo de 2010 dos estudiantes murieron por una violenta arremetida policial en el poblado de Caranavi, al norte de La Paz, y en octubre del año pasado dos personas murieron por disparos durante una protesta en la localidad de Challapata en el altiplano.

La única masacre de las últimas décadas en Bolivia, ocurrió en octubre de 2003 en una revuelta popular y que causó la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras la muerte de 67 manifestantes. Por esa masacre, cinco jefes militares fueron condenados a penas de entre 10 a 15 años de cárcel. Estados Unidos negó extraditar a Sánchez de Lozada para que sea procesado en el país.