Destapan red de narcotraficantes coludidos con funcionarios costarricenses
El grupo fue desarticulado en 37 allanamientos simultáneos, que dejaron como saldo la detención de 26 personas, entre ellas los 14 funcionarios de Costa Rica
Las autoridades judiciales de Costa Rica detuvieron el martes a una banda dedicada al narcotráfico y un grupo de empleados públicos que colaboraba para legitimar capitales por medio de contratos con el Estado costarricense.
Según reportó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la banda habría creado empresas con ayuda de una abogada para luego participar en concursos de licitación pública que eran ganados gracias a la colaboración de empleados del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Con estos contratos, el grupo narcotraficante al parecer ganó 17 licitaciones con un valor que rondaría los 800 millones de colones (1,2 millones de dólares) y rápidamente habría usado el dinero para comprar 22 propiedades y 30 vehículos.
El grupo fue desarticulado en 37 allanamientos simultáneos, que dejaron como saldo la detención de 26 personas, entre ellas los 14 funcionarios del AyA, así como los líderes de la banda, que son un mexicano de apellido García y dos colombianos de apellidos Camelo Méndez y López Cobo. Además de la abogada encargada de la creación de las empresas y los traspasos de bienes, el grupo contaba con la colaboración de un funcionario bancario, quien daba asesoría para evitar que las transacciones fueran consideradas como sospechosas.
El OIJ inició esta investigación hace dos años tras el decomiso de 195 kilos de droga en San José, en los que se detuvo a un sujeto de nacionalidad mexicana relacionado con esta organización, y esto llevó a la detención también de otras personas de nacionalidad costarricense y colombiana vinculados al mismo grupo. En agosto de 2020 los agentes judiciales decomisaron otros 200 kilos de cocaína en una vivienda en Alajuela (20 kilómetros al noroeste de San José), vinculados a esta misma banda y dónde se obtuvieron indicios de su modo de operar.
“Este es un caso de alto impacto, de presencia masiva policial, que además revela la mezcla de capital ilícito la constitución de actividades dirigidas a lavar dinero y la participación de funcionarios públicos”, comentó el director del OIJ, Walter Espinoza.
Entre los bienes incautados el martes se encuentra maquinaria y vehículos para la construcción que al parecer fueron utilizados para ganar las licitaciones públicas, así como archivos y documentos de la institución estatal en cuestión.