Agencias
MONTEVIDEO, Uruguay.- La Cámara de Diputados uruguaya comenzó el miércoles a debatir la legalización del cultivo y venta de marihuana, un polémico proyecto oficialista sin apoyo en las encuestas de opinión pública que de ser aprobado en esta instancia y luego en el Senado sería el primero de toda América a nivel nacional.

El texto, que entre otras cosas permite a los consumidores cultivar sus propias plantas, es básicamente el mismo que legisladores del gobierno del Frente Amplio de izquierda presentaron en noviembre a la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados, dijo a The Associated Press el diputado oficialista Sebastián Sabini, uno de sus redactores.

"Sustancialmente es el mismo proyecto, tiene algunos ajustes que apuntan a fortalecer el tema educativo y la prohibición de conducir bajo los efectos del cannabis", declaró.

Agregó que "van a existir clubes de autocultivo y también se podrá comprar marihuana a través de las farmacias" producida a gran escala por privados.

El proyecto aprobado por la Comisión de Adicciones determina que los clubes de autocultivo podrán tener hasta 45 socios. También fija en 40 gramos la cantidad mensual máxima de marihuana que se podrá comprar en una farmacia. Para controlar que estas normas se cumplan se creará un registro de consumidores, cuya identidad será protegida por ley.

El texto crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que tiene potestad de dar licencias a privados en la cadena productiva y en los diferentes usos, sea recreativo, medicinal o industrial.

El Ircca "sería similar al organismo que controla la industria del vino. El vino en Uruguay está muy bien controlado. Y les aseguro que producir vino es bastante más difícil que producir cannabis", dijo Sabini ante la Cámara de Diputados al defender el proyecto.

Por su parte el diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional (centro), criticó la propuesta ante sus pares. "Con las campañas que se emiten estos días defendiendo el proyecto se banaliza el consumo, se pierde percepción del riesgo de consumir esta sustancia", dijo.

"Sabemos que la marihuana es una puerta de entrada" a otras drogas. "El 98 por ciento de los que hoy están destruyéndose con pasta base (de cocaína), empezó algún día con marihuana", agregó.

Actualmente es legal consumir marihuana en Uruguay pero es ilegal venderla, comprarla, producirla o incluso tener una planta. Muchos legisladores coinciden en que es necesario terminar con esta contradicción, algo que intenta hacer este proyecto de ley.

El sociólogo Agustín Lapetina, asesor del Ministerio de Desarrollo Social en el tema drogas, dijo a la AP que uno de los objetivos del proyecto es "descriminalizar el cultivo y el consumo personal de marihuana".

Laura Blanco, presidenta de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, uno de los grupos promotores y asesores del proyecto, dijo que están "apoyando y esperando que se vote" y "trabajando en la cuestión de la regulación" de la legalización.

"Hay que trabajar en todo este modelo para que sea viable, para que pueda ser una ley operativa 60 o 90 días después de aprobada", dijo a la AP.

Explicó que, por ejemplo, "hay que regular la actividad de los clubes de autocultivo, la parte de responsabilidad legal, para que esto no se nos vaya de las manos". Lo mismo ocurre con "las licencias a la producción, distribución y comercialización por empresas privadas".

El diputado Sabini aseguró que "sin dudas sería una sorpresa si este proyecto no sale, ya que fue acordado en la interna del Frente Amplio, con todos los sectores".

El gobierno del ex guerrillero izquierdista José Mujica tiene mayoría en ambas cámaras que le permiten aprobar leyes únicamente con sus votos.

Sin embargo, hay al menos uno de los diputados oficialistas que se ha mostrado reticente a legalizar el cannabis y ha dicho que no hablará del tema hasta la votación.

En principio ninguno de los diputados opositores votará el proyecto, por lo que el gobierno necesita que sus 50 diputados -de un total de 99- voten positivamente para asegurarse la aprobación.

Según los sondeos la mayoría de la población está en contra de que se apruebe esta ley. El 63 por ciento de los uruguayos se opone al proyecto y sólo 26 por ciento está a favor, de acuerdo con una encuesta de la empresa Cifra realizada del 10 al 21 de julio a mil 021 entrevistados con un margen de error de tres puntos porcentuales.

El gobierno presentó públicamente su proyecto de legalizar la marihuana hace un año con el objetivo declarado de disminuir los delitos vinculados al narcotráfico.

El politólogo Gerardo Caetano dijo a la AP que la legalización de la marihuana es vista por los legisladores oficialistas "más que nada como un tema de derechos".

El proyecto inicial del gobierno "era extraordinariamente poco conciso" y en el Parlamento se lo reelaboró por lo que "termina siendo un proyecto más que nada de los legisladores oficialistas".

"El gobierno -el presidente, los ministros- veían a este tema sobre todo desde la perspectiva de la seguridad y el control del narcotráfico, y en cambio la mayoría de los legisladores oficialistas y los militantes lo ven desde una perspectiva de nuevos derechos. Y cuando uno enfoca algo desde el punto de vista de los derechos, el tema de la opinión pública y las encuestas deja de ser decisivo", explicó.

El presidente Mujica dijo recientemente que nunca consumió marihuana. "Jamás en mi vida la probé ni tengo idea de lo que es", afirmó, añadiendo que de todas formas hay muchos que sí consumen y por eso es necesario regular el tema.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, respaldó la propuesta del gobierno durante una visita la semana pasada. "Uruguay está en condiciones de transitar nuevos caminos", dijo tras reunirse con Mujica.

"No tenemos ninguna objeción a que este proceso siga adelante. No lo acompañamos de manera abierta porque no tenemos el mandato de los países miembros" pero "el debate de la marihuana está abierto y va producir cambios en el corto plazo", agregó.

El proyecto de ley que analiza Uruguay no generó "escándalo" en los países de la región, por lo que de aprobarse no provocará "ningún alboroto internacional ni mucho menos", afirmó Insulza.