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PUERTO PRÍNCIPE.- Las autoridades haitianas detuvieron a 64 personas por su presunta participación en disturbios y saqueos durante los tres días de violentas protestas contra el intento fallido del gobierno de aumentar los precios de los combustibles.

De acuerdo con vanguardia.com, Ocname Clame Dameus, fiscal de Puerto Príncipe, consideró en declaraciones a periodistas que no se pueden hacer reivindicaciones sociales a través del saqueo, de la devastación y la destrucción de la propiedad privada.

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Los disturbios estallaron el 6 de julio, luego de que el gobierno anunciara que al día siguiente aumentaría las tarifas de los combustibles entre 38% y 51% como parte de un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir los subsidios a los hidrocarburos. El acuerdo con el FMI incluye mejorar la recaudación fiscal e incrementar el presupuesto para programas sociales.

Tras el anuncio, cientos de personas bloquearon con barricadas las calles de la capital y otras localidades y atacaron diversos negocios, incluidos dos hoteles, e incendiaron varios supermercados y decenas de automóviles.

Aún después de que el gobierno se retractó del alza a los combustibles sólo un día después de anunciarlo, cientos de personas saquearon los negocios afectados en busca de mercancías que no estuviesen dañadas.

Dameus insistió que las autoridades no han detenido a nadie simplemente por haber participado en protestas, sino por haber cometido actos vandálicos.

Los 64 detenidos, cuyas identidades y edades no fueron reveladas, serán acusados por saqueo y destrucción de bienes y enfrentarán condenas de entre 10 y 15 de cárcel, adelantó el funcionario.

Cuatro de los detenidos estaban en posesión de algunos bienes que habían sido robados de forma presunta de los comercios saqueados.

Tras las violentas protestas y la inacción de las autoridades para contenerlas, los principales grupos empresariales, los gremios del transporte y la oposición han demandado la renuncia del primer ministro Jack Guy Lafontant, quien deberá comparecer el 14 de julio ante la Cámara de Diputados, de entre cuyos miembros varios han pedido su destitución, para responder preguntas sobre los incidentes de violencia.