El Congreso salvadoreño aprobó este miércoles  una reforma para procesar en grupo a los pandilleros detenidos durante el régimen de excepción en un plazo máximo de 24 meses.

 Además de autorizar un aumento de penas en la Ley Contra el Crimen Organizado dirigida a los cabecillas de grupos criminales.

Los cambios legales permitirán agrupar los procesos penales contra detenidos bajo el régimen de excepción según "clicas" (grupos) o "canchas" (territorios), en un intento de disminuir los trámites judiciales para emitir pronunciamientos en conjunto y no por individuo.

El incremento de penas eleva de 45 a 60 años la condena de cárcel para los líderes de las pandillas.

Presentadas por el gobierno de El Salvador semanas atrás, las reformas fueron aprobadas con los votos de la mayoría oficialista de los 84 diputados del Congreso unicameral.

 Los cuatro diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la diputada del partido VAMOS y el diputado de Nuestro Tiempo, votaron en contra.

Rodolfo Delgado, Fiscal General de la República,  explicó que lo que se busca es que los pandilleros que ya se encuentran en detención provisional y que pertenecen a diferentes grupos conocidas como clicas de las diferentes pandillas, "se puedan agrupar de acuerdo a la célula a la que pertenecen".

De acuerdo con el Ministerio Público, hay 71, 976 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados.

La mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero de ellos, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, están en prisión sin condena firme.

Además, más de 5 mil personas han sido liberadas tras su detención en el estado de excepción, debido a que nunca se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.

Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, , indicó que la Mara Salvatrucha tiene más de 248 unidades o grupos territoriales a nivel nacional, la pandilla Barrio 18 Sureños tiene 160 unidades territoriales y la pandilla Barrio 18 Revolucionarios tiene 150 unidades territoriales.

El Ministerio Público cuenta con un plazo que no excederá  los 24 meses, contabilizados a partir de la vigencia de las presentes disposiciones transitorias especiales, para procesar a detenidos de forma conjunta.

Si no se cumple con el periodo dispuesto o si el fiscal no se pronuncia para determinar a qué agrupación ilícita pertenece el imputado, el juez dictará sin más trámite sobreseimiento definitivo y dejará sin efecto cualquier medida cautelar.

En 2015, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró a los pandilleros como terroristas. Se les procesaba entonces bajo esa figura penal, aunque era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y la pena otorgada podía ser de seis a nueve años de prisión.

Con el régimen de excepción, el 30 de marzo de 2022, el Congreso aprobó reformas al Código Penal para endurecer las penas contra las pandillas o cualquier organización conformada con el fin de cometer delitos, se consideran penalmente ilícitas y sus integrantes podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión.

Por último Villatoro señaló como argumentos sobre el cambio legal que "la causal de ser cabecilla en cualquiera de las gradas de la estructura terrorista sea suficiente para incrementar un tercio la penas".

Y resaltó que si para el delito de agrupaciones ilícitas el máximo es de 45 años, "se incrementará en un tercio, para llegar a una condena para los cabecillas de 60 años".

En el #Salvador aprobaron por la Asamblea Legislativa, incrementar de 45 a 60 años las condenas contra cabecillas de pandillas.

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— David Baquero (@DavidBaquero1) July 26, 2023

Con información de AP