Una coalición de estados de tendencia conservadora de Estados Unidos ha lanzado un nuevo intento de mantener vigente una norma aplicada desde la presidencia de Donald Trump que permite expulsar a solicitantes de asilo en la frontera sur por razones de salud pública.

El lunes por la noche, 15 estados presentaron lo que se llama una moción para intervenir; es decir, un pedido para ser parte del proceso legal en torno a la norma de salud pública conocida como Título 42.

La norma, aplicada por el gobierno de Trump desde 2020, usa la autoridad de salud pública para rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con base en la necesidad de frenar la propagación de COVID-19.

La aplicación de la regla expira el 21 de diciembre, lo que podría trastocar las medidas fronterizas en momentos en que los republicanos se aprestan a asumir el control de la Cámara de Representantes con planes de hacer de la inmigración una piedra angular de su agenda.

Los estados argumentan que sufrirán “daños irreparables ante la terminación inminente del Título 42” y que se les debe permitir presentar argumentos mucho antes del 21 de diciembre.

En un comunicado, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), la cual ha esgrimido argumentos a favor de anular la aplicación del Título 42, puso en duda los motivos de los estados para mantener vigente la normativa de salud pública.

“El Título 42 no tiene que ver con la aplicación del asilo en la frontera, sino con la salud pública, y estos estados no pueden alegar de manera creíble que su verdadero interés es la salud pública”, dijo Lee Gelernt.

Grupos defensores de los inmigrantes sostienen que el Título 42 perjudica injustamente a personas que huyen de la persecución, y que la pandemia fue usada como pretexto por el gobierno de Trump para inhibir la inmigración. El 15 de noviembre, un juez falló a favor de los grupos pro inmigrantes, y calificó la prohibición de “arbitraria y caprichosa”.

El juez Emmet Sullivan falló en Washington que la aplicación de esa ley debe cesar inmediatamente para familias y para adultos que llegan solos. El gobierno no ha aplicado el Título 42 a niños que viajan solos.

El juez luego aprobó un pedido del gobierno del presidente Joe Biden de fijar el 21 de diciembre como plazo para que su orden entre en vigor, a fin de darle al gobierno cinco semanas de tiempo para prepararse.

Los 15 estados argumentan que estados como Arizona y Texas, que colindan con México, así como otros más distantes, recibirán mucha más inmigración si se deja de aplicar el Título 42. Los documentos judiciales presentados en tribunales proponen un cronograma para debatir el tema.

Si se mantiene el fallo de Sullivan, ello podría afectar pronunciadamente las medidas migratorias en la frontera. Se han realizado más de 2,4 millones de expulsiones de migrantes desde Estados Unidos desde que la ley empezó a aplicarse en marzo de 2020.

El fallo de Sullivan parece contradecir el emitido en mayo por un juez federal en Luisiana que mantuvo las restricciones al asilo. Antes de la decisión del juez en Luisiana, las autoridades estadounidenses dijeron que hacían preparativos para lidiar con hasta 18.000 migrantes al día enel escenario más difícil, una cifra alarmante. En comparación, en mayo se hicieron en promedio 7.800 detenciones al día, y la cifra fue la más alta durante la presidencia de Biden.

(Con información de AP)