A principios de marzo, el gobierno de Estados Unidos utilizó una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a más de 200 inmigrantes venezolanos a El Salvador. Al llegar, fueron trasladados de inmediato a la prisión de máxima seguridad del país, diseñada para albergar a pandilleros.

Ahora, un juez federal en Washington está evaluando si la administración estadounidense violó su orden de permitir que los deportados impugnaran sus designaciones como presuntos miembros de una organización criminal. 

Mientras tanto, el gobierno de El Salvador no ha aclarado cuál es el estatus legal de los prisioneros en su territorio.

La situación podría cambiar pronto, puesto que  ayer, abogados contratados por el gobierno de Venezuela iniciaron acciones legales para obtener la liberación de los detenidos. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, tiene previsto visitar El Salvador mañana, lo que podría arrojar más luz sobre el caso.

¿POR QUÉ FUERON DEPORTADOS LOS VENEZOLANOS?

Estados Unidos afirma que los deportados eran miembros del Tren de Aragua, una poderosa organización criminal que el presidente Donald Trump calificó como una ‘fuerza invasora’. 

Sin embargo, hasta el momento, Washington no ha presentado pruebas que respalden estas acusaciones.

La medida se amparó en la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de la era colonial que permite la deportación de no ciudadanos sin derecho a un proceso ante un juez de inmigración o federal.

¿QUÉ DICE EL SALVADOR SOBRE LOS PRISIONEROS?

El presidente Nayib Bukele anunció que 238 supuestos miembros del Tren de Aragua habían sido enviados a la prisión de máxima seguridad del país. Además, aseguró que el gobierno estadounidense financiará su encarcelamiento con una tarifa anual.

Ni la Fiscalía General de El Salvador ni el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos han aclarado el estatus legal de los prisioneros.

¿EXISTE BASE LEGAL PARA SU ENCARCELAMIENTO EN EL SALVADOR?

David Morales, abogado y director legal de la organización Cristosal, sostiene que no hay ninguna ley salvadoreña ni tratado internacional que justifique la detención de los venezolanos en ese país. 

Cabe destacar que El Salvador no mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela desde 2019, lo que deja a los detenidos sin respaldo consular.

Con información de AP