EFE
WASHINGTON, EU.- El Gobierno estadounidense negó hoy haber amenazado al Ejecutivo venezolano con represalias si se arrestaba al líder opositor Leopoldo López, y pidió que se juzgue a ese político de forma "imparcial y transparente", mientras sigue analizando qué respuesta dar a la expulsión de tres de sus funcionarios en Caracas.

La secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, expresó en una conferencia de prensa su "preocupación por la situación" de López "y por el proceso legal a partir de ahora", y alertó de que su arresto "puede haber sido diseñado" para tener "un efecto intimidador en la oposición" que protesta en Venezuela.

El Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha atribuido las protestas que vive el país desde hace más de una semana a un intento de desestabilización orquestado desde Estados Unidos, y el lunes anunció la expulsión de tres funcionarios estadounidenses.

Jacobson se reunió hoy con esos funcionarios y aseguró que el Departamento de Estado sigue evaluando qué medidas tomará para responder a la expulsión, y que cualquier acción que tome "estará apoyada en la Convención de Viena" sobre relaciones consulares.

Estados Unidos considera importante que, para mejorar sus relaciones con Venezuela, los dos países puedan "hablar a través de canales diplomáticos, y no sólo a través de la prensa, cuando haya diferencias", explicó Jacobson.

"Esa es la razón por la que telefoneamos al único representante de alto rango del Gobierno venezolano en Estados Unidos en ese momento, para tener una conversación sobre cosas que nos preocupan. Y entre ellas está el arresto de líderes de la oposición, que puede conducir a más tensiones", indicó.

"No fue una amenaza, ni fue una exigencia. Fue (la expresión de) una preocupación de que cualquier acción que aumente las tensiones entre el Gobierno y la oposición y no incluya un diálogo y la reducción de tensiones podría ser muy, muy dañina", continuó.

"No fue nada más que eso, y desafortunadamente el Gobierno de Venezuela decidió no responder a esa llamada por un canal diplomático, sino hacerlo con acusaciones públicas que no son ciertas", agregó la funcionaria.

Estados Unidos ha negado cualquier injerencia en las protestas de Venezuela y el presidente estadounidense, Barack Obama, acusó el miércoles al Gobierno de Maduro de "desviar la atención de sus propias carencias expulsando con falsas acusaciones a diplomáticos estadounidenses".

"Hemos dejado muy claro que el futuro de los venezolanos lo deben decidir ellos, no nosotros", dijo hoy Jacobson, y subrayó que el Gobierno de Obama está siendo "acusado de una forma que no es productiva".

Derechos Humanos condena los 'excesos' contra los manifestantes 

Por otra parte la organización Human Rights Watch (HRW) condenó hoy los "excesos" contra los manifestantes durante las protestas de los últimos días en Venezuela y la "censura" y amenazas a los medios de comunicación.

"El Gobierno ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil", dijo hoy el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

La organización denunció que fuerzas de seguridad han cometido "excesos" contra los manifestantes "en múltiples ocasiones" durante las protestas, además, de "censurar" a medios de noticias y amenazar con perseguir penalmente a medios privados.

HRW, que hace días ya llamó al Gobierno venezolano a respetar la libertad de expresión y de reunión, acusó a las autoridades del país de cometer "golpizas a detenidos y disparar a multitudes que no estaban armadas" desde el pasado 12 de febrero.

El grupo dijo haber recibido "denuncias serias" de defensores de derechos humanos que indican que las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, han golpeado o disparado a manifestantes desarmados en Caracas y otras partes del país.

Asimismo, aseguró que "muchos manifestantes" han sufrido abusos mientras estuvieron detenidos a disposición de las fuerzas de seguridad, desde abusos físicos o amenazas de golpizas a violación sexual.

"La mayoría permanecieron incomunicados y no fueron llevados ante un juez dentro del plazo de 48 horas exigido por la ley", indicó HRW, que añadió que los manifestantes que participaron en violencia deben rendir cuentas por sus actos.

Sobre el hostigamiento a la prensa, HRW detalló que el pasado 11 de febrero el director de Conatel, William Castillo, advirtió a los medios que la cobertura de incidentes violentos podía suponer una violación de la Ley de Responsabilidad Civil.

Precisamente hoy el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela confirmó que al menos 55 comunicadores han sido agredidos desde el pasado 12 de febrero durante la cobertura de las distintas marchas y acciones de protesta que está viviendo el país.

El grupo indicó que desde entonces diversos periodistas que informaron sobre las protestas y los hechos de violencia han señalado haber sido detenidos y agredidos físicamente por miembros de fuerzas de seguridad y manifestantes afines al gobierno.

HRW aseguró que la organización no gubernamental local Espacio Público ha documentado hasta la fecha un total de 17 casos de periodistas que fueron detenidos, agredidos o ambos entre el 12 y el 16 de febrero.