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SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, Col.- Miles de familias campesinas, en su mayoría colonos y víctimas del desplazamiento forzoso, han abandonado la siembra de coca en Colombia para convertirse en "guardabosques" o beneficiarios de subsidios que les permiten desarrollar proyectos productivos, sostenibles y rentables.

Estas familias, que en 2012 sumaron 17 mil 62 en todo el país, han tomado esta decisión pese a la presión a la que les someten, en muchos casos, los grupos armados que controlan sus territorios.

"Familias Guardabosques es un programa del Gobierno que acoge a campesinos en zonas donde hay coca, son vulnerables a su presencia o bien sus sembrados fueron erradicados", explicó a Efe Wilmar Alfredo Álvarez, de la Dirección Contra Cultivos Ilícitos en el departamento del Guaviare.

Precisamente en esta región del sur colombiano, feudo de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y donde paramilitares y bandas criminales han caminado a sus anchas, más de mil Familias Guardabosques han recuperado la tranquilidad con cultivos de plátano o ají, a través de la ganadería o la piscicultura (repoblar de peces los ríos y los estanques).

La condición para formar parte del programa es garantizar que el área en la que viven esté libre de coca y, tras una verificación, el Gobierno les otorga un subsidio condicionado de tres millones de pesos (unos mil 572 dólares) en ocho pagos durante tres años.

Una cantidad similar se deposita en un fondo de apalancamiento destinado a asistencia técnica, que incluye asesoramiento, equipamiento y recursos para construir potreras, galpones, piscinas para la cría de pescado o comprar ganado, según Álvarez.

Las garantías vienen de la mano de la ONU, que actúa como asesor y verificador de los programas que suelen ponerse en práctica en zonas cercanas a cabeceras municipales y de relativo fácil acceso.

En una visita a algunos "Guardabosques" del Guaviare, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia, Bo Mathiasen, dijo a Efe que "este programa debe tener un equilibrio entre la sostenibilidad de las actividades y la inclusión económica de las familias".

"Además se trata de realizar una transición a la economía legal sostenible sin impacto en el medioambiente", detalló.

Una de las familias beneficiarias es la conformada por Caridad Morales, propietaria de la finca La Tormenta, a las afueras de San José del Guaviare, donde vive junto a su esposo y dos hijos tras haber sido víctimas del desplazamiento forzoso.

"Nos fuimos porque no pagábamos cuotas por nuestros cultivos de coca a la guerrilla, allá habían matado a muchos vecinos. Aquí, ahora, no hay coca", relató.

La línea productiva implementada por Morales es la piscicultura, la que le ha permitido criar cachama, pescado tropical de agua dulce, en una piscina con capacidad para mil 500 peces.

Con los fondos del programa construyó el estanque, compró alevines, alimento para los peces y elementos de desinfección para las aguas, afirmó.

Otro caso es el de la familia de José Antonio Castañeda, padre de siete hijos y propietario de una finca donde ha puesto en marcha un proyecto silvopastoril. En el pasado había sembrado coca.

"Hemos mejorado la raza del ganado y los pastos", apuntó, al detallar que el paquete tecnológico obtenido le ha servido para "proteger el medioambiente y conservar la finca".

Con esos fondos ha desarrollado una ganadería sostenible, plantado árboles y dividido los potreros, además de instalar cercas eléctricas y comprar una fumigadora.

Unos kilómetros más alejadas están las tierras de José Jairo Fandiño, quien ha sacado adelante su propia producción de plátanos.

En su caso sufre las consecuencias de la ausencia de vías; el camino que conduce a su finca es un barrizal donde los vehículos quedan varados y su preocupación ahora es trasladar la mercancía.

El director de UNODC reconoce que pese a las dificultades los cocaleros "quieren cambiar a una vida lícita y tranquila con alternativas".

"No van a ser millonarios, pero van a vivir con dignidad y seguridad", afirma Mathiasen, para concluir que "donde hay coca hay conflicto, y donde hay conflicto hay desorden e inseguridad", situación que expone a la zozobra a una buena parte del campesinado colombiano. 

(Esther Rebollo/Efe)