Cecilia González/Notimex/La Aldea de Milenio
BUENOS AIRES, Argentina.- La exitosa y millonaria empresaria Juliana Awada dio gran impulso a la campaña de su esposo, el presidente electo de Argentina Mauricio Macri, pero siempre ha evitado referirse a los escándalos judiciales que la vinculan con prácticas de trabajo esclavo en sus talleres textiles.

Awada, de 41 años, es la tercera esposa de Macri y el próximo 10 de diciembre se convertirá en la primera dama de Argentina, pero desde ahora ya ocupa las portadas de las principales revistas del corazón.

En las entrevistas, la bella y exitosa empresaria de origen libanés describe su idílica vida al lado del jefe de Gobierno de Buenos Aires y de su hija Antonia, de cuatro años, y su trabajo al frente de Awada, la firma familiar de confección de ropa que factura unos 1.6 millones de dólares al año. Pero de lo que nunca habla es de las múltiples denuncias por trabajo de esclavitud que arrastra la empresa desde hace una década, junto a otras de las principales marcas de ropa del país sudamericano.

Las causas judiciales iniciaron en 2006, cuando el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman trabajó junto a la organización La Alameda para verificar las condiciones de trabajo en los talleres textiles de la ciudad a partir de una serie de denuncias de los propios trabajadores.

Lo que encontraron fueron escenas inhumanas e ilegales, con costureros extranjeros indocumentados, que vivían hacinados en los talleres, a los que se impedía salir y quienes trabajaban de las 07:00 horas hasta la medianoche los siete días de la semana por seis dólares diarios.

El escándalo alcanzó a Awada y a la firma Cheeky, propiedad de Daniel, hermano de la futura primera dama, y a otras firmas que aseguraron que tercerizaban la producción de ropa y que desconocían las condiciones en las que trabajaban los costureros, víctimas del trabajo esclavo.

La causa judicial advirtió, sin embargo, que las empresas eran "solidariamente responsables" de los talleres, es decir, que no podían desligarse de los mecanismos de producción de las prendas.

En 2007, el entonces juez Guillermo Montenegro, sorprendió al dejar sin causa a los empresarios textiles, involucrados en los talleres clandestinos, entre ellos Daniel Awada, por considerar que no había elementos para investigarlos.

Más sorprendente aun fue que, meses después Montenegro se incorporó al gabinete de Macri como ministro de Seguridad de la alcaldía de Buenos Aires, en un denunciado caso de conflicto de intereses ya que con su controvertido fallo había beneficiado al cuñado de su nuevo jefe.

Desde entonces, la organización La Alameda siguió recopilando denuncias e incluso transmitió videos que grabó con cámaras ocultas para probar que en los talleres donde Awada enviaba a confeccionar su ropa proseguía la esclavitud. El gobierno de Macri, además, se caracterizó por no combatir los talleres clandestinos.

Las ligas de su esposa con la esclavitud se renovaron en abril pasado, cuando Rolando y Rodrigo Mur, dos niños de siete y diez años, murieron al incendiarse uno de esos talleres en los que trabajan en un esquema de sobreexplotación. La tragedia volvió a dejar al descubierto el sostén ilegal de producción de una pujante industria textil que, según La Alameda, se apoya en la existencia de 3 mil talleres clandestinos en donde trabajan alrededor de 30 mil costureros.