La policía ha detenido a más de 40 sospechosos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pero muchos temen que el magnicidio pudiera quedar impune debido al deteriorado sistema judicial de Haití.

Los interrogatorios prosiguen mientras docenas de sospechosos, incluido un exsenador haitiano y un ex funcionario judicial, continúan prófugos. Sin embargo, el proceso judicial ya ha topado con tropiezos importantes, entre ellos amenazas de muerte y denuncias de alteración de pruebas.

Expertos e incluso la Oficina para la Protección de los Ciudadanos, una agencia gubernamental similar a una defensoría del pueblo, advirtieron que el país enfrenta muchísimas dificultades para manejar en forma adecuada un caso muy complicado.

"El sistema judicial continúa como rehén de ciertos sectores y debilitado por un cuerpo disciplinario... que protege a jueces deshonestos y corruptos, pero que persigue, mediante falsas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a quienes son honestos", señaló la agencia el domingo en un comunicado.

Brian Concannon, asesor del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, dijo estar preocupado de "tanto extravío intencional" mientras se avanza en la investigación del magnicidio.

"La gran cuestión es si habrá una estructura que pueda aportar la verdad", señaló. "Es posible que haya personas buenas que lleguen a la verdad, pero hay bastante acción para desviar la atención, intimidación (y) personas que al parecer están manipulando la evidencia... No tengo confianza en que estemos acercándonos a la verdad con el proceso en marcha".

La Oficina para la Protección de los Ciudadanos señaló que 32 homicidios importantes que se remontan a 1991 jamás fueron esclarecidos, incluidos los de exfuncionarios, abogados, académicos y periodistas. La oficina también ha acusado a jueces corruptos de liberar a sospechosos y subrayó que en las últimas dos décadas es notable la ausencia de procesos penales en casos importantes de homicidio.

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