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BOLIVIA.- Un avión cisterna estadounidense inicia operaciones en la localidad más afectada por los incendios que devora la Chiquitanía de Bolivia, donde están bosques ricos en biodiversidad que arden hace más de diez días en medio de críticas al gobierno del presidente Evo Morales por permitir una ampliación de la frontera agrícola. 

En la madrugada llegó al Aeropuerto Internacional Viru Viru el Boeing 747-400 Supertanker, de una empresa privada estadounidense, con una capacidad de entre 75.000 y 100.000 litros de agua y materiales que ayudan a sofocar los incendios, informó El Debate. 

El gobierno de Morales contrató la aeronave estadounidense para sofocar el fuego más crítico que lleva más de diez días activo en el bosque de la Chiquitanía, a unos 800 kilómetros al suroeste de La Paz. La zona está cerca del Pantanal que comparte con Brasil y es frontera con Paraguay, países donde también hay focos.

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“Boing747 Supertanker inicia operaciones. Unidad ante la adversidad”, informó el mandatario boliviano mediante su cuenta de Twitter.

Los incendios se centran en la región de Santa Cruz, motor agroindustrial de Bolivia, cuyo gobernador Rubén Costas declaró zona de desastre. También se registran en la región amazónica del Beni, fronteriza con Brasil.

Boeing 747 Supertanker inicia operaciones. #UnidadEnLaAdversidad https://t.co/ej5H0Bdn2B

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 23, 2019

El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que el primer descargue de agua que realiza el avión es en la localidad de Tapera, a unos 500 kilómetros al sureste de La Paz. También lo hará en dos localidades cercanas. Recientemente el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, informó que se cuantificó una superficie incendiada de 744.711 hectáreas en la Chiquitanía.

“Son aquellas áreas que solían ser un bosque de sabana y ahora se convierten en un área que se maneja con soja y maíz... Bolivia tiene las mismas características que los incendios que estamos viendo en todo el mundo, como también pasa en Brasil”, agregó Morton.

Morales ha sido muy cuestionado por su decreto que en marzo pasado amplió la frontera agrícola en 250.000 hectáreas adicionales al 1,3 millón que se utilizan para producir biodiesel y por el desmonte y la quema controlada en las regiones de Santa Cruz y Beni.