Agencias
BUENOS AIRES.- La justicia argentina analiza los fondos de fundaciones ligadas al presidente Mauricio Macri como parte de una causa que investiga a la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien no ha podido aclarar el origen de 66 mil dólares que le fueron robados, informa Notimex. 

El juez Ariel Lijo avanzó en el proceso iniciado en contra de la vicepresidenta al enviar cuestionarios a otros funcionarios del gobierno de Macri y levantar el secreto bancario de fundaciones que recaudaron sumas millonarias.

El ministro de Modernización Andrés Ibarra y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, deberán responder las dudas del juez a más tardar en dos semanas.

También serán cuestionados el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro, todos ellos vinculados a la recaudación del dinero.

El juez quiere saber el origen, la entrega y el manejo de las donaciones recibidas por la Fundación Suma, encabezada por la vicepresidenta, y que comenzó a operar en 2014.

En una decisión judicial previa, Lijo levantó el secreto bancario de Suma, Pericles, Formar y Fundar, fundaciones manejadas por un cercano asesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

La sospecha es que hubo recaudaciones ilegales, porque se realizaron en efectivo y no vía bancaria, y que además sirvieron para financiar las campañas políticas del año pasado.

La Talibana de la transparencia

El caso comenzó en julio pasado, cuando el diario Tiempo Argentino reveló que la casa de la vicepresidenta había sido asaltada el 22 de noviembre, el mismo día en el que ella y Macri ganaron las elecciones.

Pese a su cargo, Michetti jamás dio a conocer públicamente el robo de 50 mil dólares y 245 mil pesos (unos 16 mil dólares más) en efectivo, lo que despertó sospechas y dio inicio a una causa judicial.

La historia es llamativa, además, porque la vicepresidenta se bautizó a sí misma como “la talibana de la transparencia”, pero ocultó el caso hasta que no tuvo más alternativa.

Michetti aseguró que una parte del dinero se la prestó su novio y otra fue recaudada para su fundación, pero la justicia comenzó a investigar los manejos financieros de Suma y desde el principio encontró múltiples irregularidades.

Por ejemplo, la fundación reportó el abono de sueldos por 165 mil pesos en 2014, pese a que no tenía a ningún empleado registrado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta ahora también se ha demostrado que hubo donaciones en efectivo, pese a que la ley obliga a que sean bancarizadas precisamente para evitar su desvío y falta de registro.