Managua.- El gobierno de Estados Unidos impuso el viernes sanciones financieras al comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, por negarse a desmantelar a las fuerzas paramilitares durante y después de las protestas de 2018 en el país centroamericano.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha bloqueado “todos los bienes e intereses” del alto jefe militar nicaragüense que, agregó, “está alineado políticamente con el presidente Daniel Ortega”.

Según la OFAC, Avilés Castillo "se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”. Añadió que “los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, añadió.

La OFAC aplicó iguales sanciones al ministro de Hacienda, Iván Acosta, quien “ha seguido organizando un importante apoyo financiero al régimen de Ortega”. También acusó a Acosta de amenazar a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de presos políticos.

La medida congela los activos estadounidenses de los dos funcionarios y prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con ellos.

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“Ni nos vendemos, ni nos rendimos. Jamás”, dijo a The Associated Press la oficina de la vicepresidenta Rosario Murillo en un coreo electrónico haciendo referencia a Augusto César Sandino, el patriota nacionalista que se enfrentó a una intervención militar de Estados Unidos en 1927.

La noticia fue celebrada por la oposición nicaragüense. “Hoy se dio un fuerte golpe al régimen de Daniel Ortega”, tuiteó el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga.

El gobierno de Ortega ha llamado “vendepatrias” y “traidores” a los líderes opositores por cabildear en Washington a favor de medidas de presión sobre la administración de Ortega.

Desde 2017, el gobierno de Donald Trump ha sancionado a una veintena de altos funcionarios, familiares y allegados a Ortega, entre ellos su esposa y vicepresidenta, dos de sus hijos y los principales jefes de la policía, el Parlamento y el Tribunal Electoral.