Agencias
BUENOS AIRES, Argentina.- La justicia amplió una investigación sobre el patrimonio de la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, a raíz de un robo de más de 60 mil dólares, cuya procedencia no ha logrado justificar.

El abogado Leonardo Martínez Herrero entregó este martes al juez federal Ariel Lijo, quien está a cargo de la causa, un informe sobre la fundación Suma, que encabeza Michetti y a la que supuestamente estaba destinado el dinero robado.

El mes pasado, el diario Tiempo Argentino reveló que la casa de la vicepresidenta había sido asaltada el 22 de noviembre, el mismo día en que ella y el ahora presidente Mauricio Macri ganaron las elecciones.

Pese a su cargo, Michetti jamás dio a conocer públicamente el robo, lo que despertó sospechas, y dio inicio a una causa judicial.

La historia es llamativa además, porque la vicepresidenta, quien se autodenomina “la talibana de la transparencia”, ocultó el caso hasta que no tuvo más alternativa que reconocer que le habían sustraído 50 mil dólares y 245 mil pesos argentinos (poco más de 16 mil dólares).

El problema es que Michetti aseguró que parte del dinero había sido recaudado para su fundación, por lo que la justicia comenzó a investigar los manejos financieros de Suma, en cuyo funcionamiento se encontraron múltiples irregularidades.

Por ejemplo, la fundación reportó el abono de sueldos por 165 mil pesos en 2014, pese a que no tenía a ningún empleado registrado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Un caso similar llevó a la destitución y al fin de la carrera política de la exministra de Economía Felisa Micelli, quien había escondido alrededor de 60 mil dólares en el baño de su oficina.