Matan en prisión a alcalde filipino acusado de narcotráfico

Rolando Espinosa Sr. y otro reo perdieron la vida durante una redada realizada por la policía mientras buscaban armas y drogas ilegales en las celdas.

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El presidente Rodrigo Duterte ha arremetido contra el presidente estadounidense, Barack Obama, y otros críticos, de su campaña antidrogas. (AP/Eugene Hoshiko)
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Agencias
BAYBAY, Filipinas.- La policía filipina mató el sábado a un alcalde en su celda en un supuesto tiroteo, en la segunda muerte en una semana de un político vinculado con las drogas ilegales en la brutal campaña de persecución lanzada por el presidente Rodrigo Duterte.

Rolando Espinosa Sr., alcalde de la localidad de Albuera, en la provincia central de Leyte, y otro preso murieron a tiros antes del amanecer del sábado, tras disparar a agentes durante una redada en busca de armas de fuego y drogas ilegales en la cárcel provincial de Baybay, en Leyte, indicó la policía.

De acuerdo con The Associated Press, algunos funcionarios y un organismo anticrimen pidieron que se investigaran las circunstancias del suceso, preguntándose cómo podrían haber conseguido las armas el alcalde y el otro preso y qué les habría llevado a disparar contra varios policías cuando estaban detenidos.

"De primeras, huelo una ejecución extrajudicial", dijo el senador Panfilo Lacson, exjefe de la policía nacional, añadiendo que las sospechosas muertes suponen "el mayor desafío" a la credibilidad de la policía nacional, encargada de la campaña antidroga.

La policía mató a otro alcalde la semana pasada, Samsudin Dimaukom, y a nueve de sus hombres supuestamente en una balacera en el sur de Filipinas.

Espinosa y Dimaukon estaban entre los más de 160 funcionarios mencionados expresamente por Duterte en agosto dentro de una campaña para avergonzarlos. El hijo de Espinosa, un supuesto capo de la droga, fue detenido el mes pasado en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos.

Después de que Duterte lo vinculara con las drogas, Espinosa se entregó a la policía nacional en agosto en un acto televisado a nivel nacional. Más tarde salió en libertad y el mes pasado fue arrestado por cargos relacionados con drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

La policía estima que más de tres mil 600 supuestos narcotraficantes y consumidores han muerto desde que Duterte asumió el poder el 30 de junio. Muchos de los muertos en los primeros meses de la campaña eran sospechosos pobres, y la policía afirmó que su próximo objetivo serían "blancos de alto nivel" como alcaldes y señores de la droga, en una nueva fase de la operación iniciada a finales del mes pasado.

La persecución y las muertes sin precedentes han ayudado a reducir el crimen, pero el Gobierno de Estados Unidos y otros países occidentales, junto con organismos de derechos humanos, han expresado su alarma y pedido el fin de las muertes. Un defensor de los derechos humanos describió las muertes a manos de la policía bajo el gobierno de Duterte como "una calamidad de los derechos humanos".

Duterte ha arremetido contra el presidente estadounidense, Barack Obama, y otros críticos, afirmando que está combatiendo una pandemia que ha afectado a la política, corrompido incluso a generales y amenazado con convertir al país en lo que describe como un "narco estado".

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