Agencias
WASHINGTON, DC.- Cientos de familias migrantes atrapadas cuando cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos de forma ilegal dijeron que emprendieron la peligrosa travesía en parte porque creían que se les permitiría permanecer en el país y recibir beneficios públicos, según informes internos del Departamento de Seguridad Nacional.

Agentes federales entrevistaron a los migrantes en un esfuerzo para ayudar al gobierno del presidente Barack Obama a entender el desconcertante aumento en el número de cruces ilegales que se registra desde hace varios meses. Las explicaciones sugieren que los esfuerzos de Washington para desalentar esos cruces parecen no haber tenido éxito.

El gobierno apeló a campañas de servicios públicos en Honduras, El Salvador y Guatemala en las que se destacaban los peligros de los cruces ilegales y sus consecuencias.

The Associated Press obtuvo copias de los resúmenes de las entrevistas, recogidas en informes de la oficina de inteligencia del servicio de Aduanas y Protección de Fronteras del país. Los informes señalan que cientos de personas que viajaban con sus familias reiteradamente mencionaron las posibilidades de conseguir permisos para quedarse, solicitar asilo y recibir beneficios no especificados.

El informe "no es un análisis profundo de la situación", indicó la portavoz del DSN Marsha Catron, agregando que los problemas que enfrenta la gente en sus países de origen son seguramente otra de las razones que los empujan a emigrar.

Si bien el gobierno de Obama ha dicho que las personas que cruzan la frontera ilegalmente pueden ser deportadas, la realidad es que hay más de 456 mil casos pendientes, lo que implica que es previsible que los extranjeros puedan permanecer años en Estados Unidos antes de que se decida si deben irse o no. Además, fallos recientes de los tribunales complican los planes del gobierno de mantener a las familias unidas en centros de detención mientras se llevan a cabo los procedimientos para su deportación. Los inmigrantes que viven ilegalmente en el país, por otro lado, generalmente no tienen derecho a beneficios públicos, con la excepción de los niños, que pueden recibir comidas gratis o a costos bajos en las escuelas públicas.

El secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson dijo que el aumento en los cruces ilegales de familias y niños obedecía a una serie de factores, incluidos la delincuencia y la violencia en América Central. Indicó que el gobierno de Obama desea invertir mil millones de dólares en América Central para enfrentar los problemas que empujan a la gente a irse de sus países.

"Tenemos que ampliar esto... debemos hacer una fuerte inversión", manifestó Johnson el jueves en una conferencia académica en el Centro de Leyes de la Georgetown University.

Agentes federales entrevistaron a 345 personas que viajaba en familia entre el 7 de julio y el 30 de septiembre, de acuerdo con un informe de cinco páginas obtenido por la Comisión Judicial de la cámara baja, al que tuvo acceso la AP. Las entrevistas no se enfocaron necesariamente en las razones que empujaron a los migrantes a irse de sus países, pero muchos mencionaron las pandillas y la violencia familiar.

"Este documento de la Patrulla de Fronteras demuestra que las permisivas políticas de inmigración del gobierno de Obama son las responsables del actual aumento" de cruces ilegales, sostuvo el representante republicano Bob Goodlatte, presidente de la Comisión Judicial.

El año pasado el gobierno hizo frente a un incremento sin precedentes de cruces ilegales por parte de familias y de niños no acompañados. Hacia fines del año fiscal de 2014, más de 136 mil personas que viajaban en familia o niños que viajaban sin un familiar habían sido pillados cruzando la frontera ilegalmente. Ese flujo mermó este año, en que fueron pilladas 79 mil 808 personas, pero en los últimos tres meses del actual año fiscal aumentó de nuevo.

El gobierno abrió dos nuevos centros de detención en Texas para albergar a miles de inmigrantes sin papeles. Una jueza federal de California, sin embargo, dictaminó en agosto que esas instalaciones violan disposiciones por las cuales los menores no pueden ser alojados en centros que no tienen licencias. La jueza Dolly Gee ordenó la liberación de los niños, con sus madres cuando fuese posible, "sin demoras innecesarias", y le dio al departamento hasta este mes para cumplir esa orden.

El gobierno ha apelado la decisión, pero antes de que la jueza Gee emitiese su orden, Johnson ya había anunciado planes para facilitar la liberación de las familias bajo fianza.

La mayoría de los inmigrantes entrevistados, 181, dijeron que la noticia de que las familias serían liberadas influyó en su decisión de venir a Estados Unidos.