Desde el 2017, Panamá sostiene una relación con el Principado de Andorra de acuerdos de información para facilitar la investigación en ambas jurisdicciones, las cuales hasta hoy no han arrojado resultados ya que no han logrado imputar cargos en ninguna investigación donde han compartido dicha información. El Ministerio Público y los fiscales andorranos indicaron su relación con la finalidad de ayudar a la causa del Caso Odebrech, que el cual hasta la fecha no ha dado ningún resultado.

El fiscal adjunto puesto para llevar a cabo dichos acuerdos de información, es el fiscal general Alfons N., el mismo que cuenta con denuncias y querellas por intentar alterar el código de procedimiento penal andorrano, influyendo directamente en el Gobierno de Andorra, algunos grupos parlamentarios e, incluso, la junta directiva del Colegio de Abogados de Andorra, para su beneficio en investigaciones bajo su mandato, los abogados de los investigados han solicitado que se le destituya de su cargo y de la causa por abusos de vulneración de derechos, además de una disputa en desigualdad de condiciones.

Panamá hoy en día continua con dicho acuerdo, esta vez relacionado bajo una investigación a un empresario extranjero por el supuesto delito de blanqueo de capitales, que al mismo no se le han podido imputar cargos ya a un año y medio de haberse iniciado el proceso, pero si un sinnúmero de afectaciones en su proceso comentan sus representantes legales.

Salvador N., representante legal del empresario afectado, señala que es una maniobra conspirativa de dos naciones que busca afectar patrimonios legítimos por su concupiscencia, y por la voracidad de los fiscales involucrados de armar casos en perjuicio de personas trabajadoras , para supuestamente demostrar su trabajo, cuando en realidad sólo están demostrando su incompetencia.

Afirma que, contrario a la Constitución de ambos países, así como a tratados internacionales de los cuales dichas naciones son parte, hay una vulneración flagrante a la presunción de inocencia, principio de Seguridad jurídica y al debido proceso, pues dicha conspiración legal, es contraria al sentido y espíritu de la justicia bajo cualquier consideración lógica que se le tenga.

La sociedad civil teme por la seguridad jurídica, ahora al saber que comportamiento imitan y que ordenes acatan los fiscales del Ministerio Publico que deja una duda si aún tienen claro el articulo 17 de la constitución nacional.

“ARTICULO 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.”