Muere el último dictador de Argentina

Falleció en el Hospital Militar de Buenos Aires.

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Bignone llegó a la cima del poder en julio de 1982. (AFP)
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Agencia
ARGENTINA.- Fue el último dictador de Argentina. El presidente de facto al que no le quedó más remedio que llamar a elecciones democráticas en 1983 ante el desplome de la Junta Militar tras la derrota en la Guerra de las Malvinas. Condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, Reynaldo Bignone ha muerto este miércoles en el Hospital Militar de Buenos Aires a los 90 años de edad y sin haberse arrepentido jamás de sus horrendos crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar que entre 1976 y 1983 dejó en Argentina 30.000 desaparecidos.

De acuerdo con información del portal El Mundo, Bignone llegó a la cima del poder en julio de 1982, poco después de que Argentina asumiera su rendición ante Reino Unido en la Guerra de las Malvinas. Fue el cuarto y último presidente de la dictadura, tras Jorge Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri (todos ellos ya fallecidos).

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En diciembre de 1983 traspasó la banda presidencial al radical Raúl Alfonsín, vencedor en las elecciones que se celebraron en octubre de ese año y que pusieron fin a los siete años más negros de la historia reciente de Argentina. Antes de entregar el poder, Bignone firmó un decreto que otorgaba amnistía a los militares en todos los hechos represivos efectuados desde 1973 a 1982. Una norma que Alfonsín derogó nada más llegar a la Casa Rosada al promulgar el decreto para someter a juicio a las Juntas Militares. Bignone se libró de ese juicio, cuya histórica sentencia se falló en 1985, dado que fue el único de los cuatro dictadores que no pertenecía a la Junta Militar. Entre sus últimas acciones de Gobierno, el dictador ordenó la destrucción de los archivos de la represión del Estado durante la dictadura.

El ex dictador recibió entre 2010 y 2017 diez sentencias condenatorias (tres a cadena perpetua y otras siete de más de 15 años por violaciones de los derechos humanos). La justicia le responsabilizó, entre otros delitos, de secuestros y asesinatos en el centro de detención clandestino de Campo de Mayo y en el Colegio Militar, y del robo de bebés, una práctica habitual de los represores. Fue juzgado y condenado también por su participación en el denominado Plan Cóndor, la estrategia de las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, torturar y asesinar a activistas de izquierda durante los años 70.

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