Agencias
BOGOTA, Colombia.- El nuevo acuerdo de paz con las FARC es "definitivo" sin posibilidades de más negociación, dijo el martes el jefe de la delegación del gobierno colombiano, según pñublica The Associated Press.

Humberto de la Calle hizo el anuncio en una conferencia de prensa en la sede del gobierno junto a otros delegados oficiales para referirse al nuevo acuerdo con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

"Este es el acuerdo final, definitivo... no hay espacio para una nueva negociación", afirmó De la Calle.

El mecanismo de refrendación del texto dado a conocer en la madrugada del lunes será debatido por el presidente Juan Manuel Santos y los partidos defensores del acuerdo de paz rechazado en las urnas el pasado 2 de octubre. 

Las reuniones se extenderán también al Centro Democrático, encabezado por el expresidente Alvaro Uribe y principal opositor a esos acuerdos.

Para De la Calle, se trata de un acuerdo "auténticamente nuevo" que incluye más del 80% de las propuestas de los partidarios del "No".

"Queremos escucharlos a todos: de cómo comienza la implementación de los acuerdos y si es necesaria la refrendación o no y, si se opta por la refrendación, cuál de las alternativas es la que se va a tomar", afirmó el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, presente en la rueda de prensa, en la que también participaron el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el negociador Frank Pearl y el senador Roy Barreras.

"No podemos tener el acuerdo de paz abierto de manera indefinida", agregó el ministro.

Cristo citó mecanismos como el plebiscito, los cabildos populares -debates a nivel local- o la votación de los acuerdos en el Congreso como posibles herramientas para dar validez definitiva a este pacto. Pese al afán mostrado por el gobierno para cerrar este capítulo, los delegados declinaron referirse a plazos.

Estas son algunas de las principales modificaciones al documento:

Constitucionalidad: Sólo se incorporarán a la Constitución los temas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El presidente sostuvo que quedó más claro que el gobierno será el único responsable de la implementación de los acuerdos y que una comisión especial dará seguimiento al cumplimiento de los mismos.

Reparación de víctimas: Las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, los cuales se utilizaran para reparar a las víctimas del conflicto armado.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Funcionará hasta por 10 años y sus salas sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años. Las ONG no podrán actuar como fiscales ya que únicamente se les permitirá presentar información para ser valorada y contrastada por los magistrados del Tribunal. Las tutelas que se interpongan contra decisiones de la JEP sí podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.

Magistrados: Todos los magistrados serán colombianos; sin embargo, se aceptará la presencia de expertos extranjeros que podrán asesorar sobre los diferentes casos, pero sin la posibilidad de votar.

Partido político: El nuevo partido de las FARC no podrá inscribir candidatos a las 16 curules transitorias en la Cámara y se redujo desde el primer año en un 30 por ciento su financiación. Asimismo, se eliminó la participación de la guerrilla en la comisión de protección y garantías de seguridad.

Drogas ilícitas: El gobierno mantendrá todas las herramientas para erradicar cultivos ilícitos, como lo son la fumigación y los programas de sustitución para los campesinos. El nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades.

Propiedad privada y catastro: Se respetará el derecho a la propiedad privada y no se expropiará a nadie fuera de la ley vigente. El catastro no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras y no se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina, más allá del trámite normal en la legislación vigente. Se amplió el plazo de las inversiones posconflicto de 10 a 15 años y se estableció que se harán con respeto al principio de sostenibilidad fiscal.

Restricción de libertad: El Tribunal debe fijar en cada caso:

• Espacios concretos donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena.
• Horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas.
• Imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas de sanción.
• Señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.

Empresarios y miembros de la Fuerza Pública: Se eliminó la participación habitual. Los empresarios que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria. Se garantizará a soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica.

Enfoque de género: Supone reconocer que el conflicto ha impactado de manera diferenciada a la mujer y que se requieren acciones específicas para restablecer sus derechos. Incluye un principio de respeto a la igualdad y no discriminación por sexo, edad, creencias religiosas, etnia, pertenencia a la población LGTBI u otra razón.

El presidente Juan Manuel Santos explicó que el único punto sin modificación, de los 57 renegociados, es el referente a que los líderes de las FARC podrán ser elegidos para cargos públicos.

El nuevo documento fue firmado por los jefes negociadores del gobierno, Humberto de la Calle, y la guerrilla, Iván Márquez (alias de Luciano Arango), quienes encabezaron nueve días de reuniones en la capital cubana para alcanzar un nuevo consenso con el fin de "lograr una paz estable y duradera".

Aquí encontrarás el texto completo: "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera".

El própximo paso, la refrendación

La refrendación es el próximo paso para poder implementar lo acordado entre el gobierno y las FARC, en diálogos desde 2012. A partir de entonces, prevé el gobierno, empezará el proceso de desarme de los guerrilleros de las FARC y su legalización para la participación política.

Aunque sigue sin contemplar penas de cárcel para los guerrilleros que contribuyan a la verdad, el nuevo texto detalla los lugares en los que los rebeldes pagarán sus condenas.

Este era uno de los puntos que preocupaba a los opositores del acuerdo inicial quienes reprocharon que los guerrilleros de delitos atroces no sean encarcelados sino sometidos a castigos alternativos.

Además, las FARC deberán presentar a lo largo de los 180 días de su desarme un inventario detallado de sus bienes y activos para reparar a las víctimas.