A. Mercado y O. Brito/Milenio
MÉXICO, D.F.- Después de un año de trabajos, el Senado aprobó este martes por unanimidad, en comisiones, el dictamen de Código de Procedimientos Penales Único que complementará el desahogo de los juicios orales y con el que se busca que la libertad sea la regla y la prisión la excepción, según informó el sitio web de Milenio.

El código prevé, entre otros cambios, prohibir la exposición en medios de comunicación de personas consideradas como imputadas, que las retenciones o detenciones que realice el Ministerio Público estén sujetas control judicial, habrá medidas alternativas de solución de controversias y, en todo momento, el inculpado podrá aportar pruebas a la autoridad para su defensa.

Al explicar los detalles, los senadores Arely Gómez y Roberto Gil destacaron que lo importante de este código único será la homologación de criterios en las 32 entidades por primera vez, al hacer notar que los ordenamientos anteriores siempre habían sido facultades que le otorgaba el Congreso de la Unión al Presidente de la República y éste lo definía por decreto.

“En esta ocasión, en el propio seno del Senado de la República se elabora este código, ha sido un proceso que inició desde octubre del año pasado”, refirió la senadora secretaria de la Comisión de Justicia, al explicar su contenido.

En el dictamen se afirma que “esta reforma, busca establecer un sistema de igualdad entre las partes y respetuoso de una vigencia plena de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales suscritos por nuestro país en favor de toda persona”.

El dictamen de Código consta de 489 artículos, distribuidos en dos libros. El Primer Libro, contiene 6 Títulos y el  Segundo Libro, 13 Títulos.

Permitirá armonizar en todo el país los criterios judiciales, favorece la protección al respeto de los derechos humanos al establecer en un solo documento las disposiciones del proceso penal.

Al existir menos resquicios legales, con relación a la actual dispersión de normas, podría contribuir con la disminución de la corrupción y la impunidad.

Fortalece la coordinación y ejecución de acciones entre todas las instancias encargadas de la procuración de justicia en todo el país.

Ayuda a la profesionalización de los operadores del sistema de justicia (jueces, ministerios públicos, defensores), al permitir que se imparta capacitación con criterios uniformes en todo el país.

Establece condiciones más adecuadas para la construcción de una política criminal coherente, articulada e integral.

Permite la uniformidad del mecanismo para hacer justicia en nuestro país, tomando como base las mejores experiencias y prácticas estatales en el modelo acusatorio.

La persona que haya sido víctima de un delito, en todo momento de la investigación y del proceso penal podrá aportar a la autoridad elementos de prueba y ser asistido por un asesor jurídico, en forma gratuita. 

Se da prioridad a la reparación del daño de la víctima u ofendido por un delito, esto es, se privilegia la justicia restaurativa, que implica favorecer la reparación del daño, por encima de la cuestión punitiva.

Contiene reglas para hacer más ágil y transparente la investigación ministerial y los procesos penales. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público requiera la presencia de una persona contra la cual exista una denuncia, el funcionario está obligado a mostrarle la carpeta de investigación.

Establece medidas alternativas de solución de controversias, a efecto de resolver el conflicto que derive de la conducta punitiva y, con ello, evitar juicios largos.