El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para frenar la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, aprobada el 13 de noviembre por la Cámara de Diputados.

En una declaración emitida desde Ginebra, Türk enfatizó que la prisión preventiva automática contradice principios fundamentales de derechos humanos.

“La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial que justifique dicha detención”, afirmó.

Ante la publicidad del proyecto de decreto en @Mx_Diputados, que pretende ampliar el catálogo de delitos susceptibles de aplicar la prisión preventiva oficiosa (#PPO), reiteramos que esta medida es incompatible con las normas de #DerechosHumanos. pic.twitter.com/xbhyTAg6hP

— ONU-DH México (@ONUDHmexico) November 7, 2024

Reforma bajo escrutinio internacional

La reforma, actualmente en discusión en el Senado, propone incluir delitos como extorsión, contrabando y algunos relacionados con drogas al listado de crímenes que ameritan prisión preventiva automática.

Sin embargo, la ONU-DH y otros organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado eliminar esta práctica en México debido a sus implicaciones negativas en derechos fundamentales.

Alternativas y fortalecimiento del sistema judicial

El Alto Comisionado sugirió que, en lugar de ampliar el uso de la prisión preventiva, México debe enfocarse en mejorar la capacidad de las fiscalías para recopilar evidencia y justificar la detención ante una autoridad judicial. También destacó la importancia de considerar medidas alternativas a la privación de la libertad.

Türk reconoció los desafíos que enfrenta México en materia de seguridad y justicia, pero advirtió que “ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta”.

Diversos sectores han señalado que la medida podría derivar en abusos y detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables. La ONU reiteró que México debe alinear su legislación con las obligaciones internacionales en derechos humanos para garantizar un sistema de justicia más equitativo.

(Con información de Reforma)