El Parlamento de Nicaragua ratificó una reforma constitucional que refuerza el poder del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien ahora ostenta el título de “copresidenta”.

Con esta modificación, el gobierno extiende su mandato de cinco a seis años y asume el control total sobre las instituciones del país, incluida la sociedad civil.

Ortega, de 79 años, quien encabezó el gobierno sandinista en la década de 1980 y retomó el poder en 2007, es señalado por sus críticos de haber establecido un régimen autoritario junto a Murillo, de 73 años.

La nueva reforma profundiza ese dominio, otorgando a ambos la capacidad de coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral, eliminando la independencia que se les reconocía anteriormente.

El Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó la reforma con unanimidad. Además, se avaló una moción para que la extensión del mandato tenga carácter retroactivo, lo que permitirá a Ortega y Murillo mantenerse en el poder hasta 2028.

Un Estado “revolucionario” y con mayor vigilancia

La reforma redefine a Nicaragua como un Estado “revolucionario” y “socialista”, incorporando la bandera rojinegra del FSLN entre sus símbolos patrios. También establece medidas para controlar a la prensa y la Iglesia, asegurando que no actúen bajo “intereses extranjeros”.

Las empresas privadas tampoco podrán aplicar sanciones impuestas por países como Estados Unidos.

El retiro de la nacionalidad a quienes sean considerados “traidores a la patria” queda formalizado en la Constitución, medida que el gobierno ya ha aplicado a más de 450 opositores en los últimos años.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la instauración de una “Policía Voluntaria”, compuesta por civiles, que actuará como cuerpo auxiliar de las fuerzas de seguridad. Desde mediados de enero, más de 15.000 personas han sido juramentadas bajo esta figura, aun antes de que la reforma fuera ratificada por completo.

El gobierno ya había recurrido a grupos armados en 2018, durante las protestas contra el régimen. En aquella ocasión, hombres encapuchados participaron en operativos para levantar barricadas y sofocar las manifestaciones, lo que dejó 320 muertos, según datos de la ONU. 

(Con información de La Prensa)